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“No sé si catalogarlo como el peor año de mi vida, pero definitivamente es algo que jamás hubiera querido que pasara, me cambió la vida, siento que está en pausa y hasta ahora seguimos en la calle”, así resume Nuri Aguilera el transcurso de los días después del sismo del 19 de septiembre de 2017.
“Tenemos que ir a demasiadas dependencias, se pasaron con la tramitología”, añade la también integrante del consejo consultivo de la Comisión para la Reconstrucción y parte de una de las 114 familias de Zapata 252 que esperan tener luz verde pronto para arreglar el inmueble.
Este viacrucis pesa más porque la mayoría de los damnificados son adultos mayores, pensionados, algunos con enfermedades crónicas y ya no son sujetos a créditos, por ello piden el apoyo de reconstrucción del Fideicomiso para Vivienda Multifamiliar creado por el gobierno central.
En Benito Juárez hay 585 inmuebles registrados en la Plataforma CDMX: ocho colapsados (la mayor cifra en una demarcación); 51 en alto riesgo de colapso, 101 con riesgo alto, 137 en riesgo medio y 287 con riesgo bajo.
Del total, se desprende que hay 30 inmuebles, que hasta el momento se van a reconstruir, todos son multifamiliares. La cifra más difundida era 23, pero EL UNIVERSAL detectó que hay siete más, de acuerdo con un cruce de listados de la demarcación, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y Comisión para la Reconstrucción.
Además, hay 32 inmuebles de alto riesgo aprobados por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) y la Comisión para su reparación.
Cuestionamientos y claroscuros en avances. A un año del sismo, ese largo y tardado camino burocrático se vio agravado porque coincidió con las elecciones y la transición de gobierno.
Un ejemplo es Balsas 18, en la colonia Miravalle, donde no se salvaron ni porque eran de los más adelantados en sus trámites. El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, les había entregado su predio en junio tras la demolición de las dos torres donde vivían 16 familias, pero después, tuvieron que corregir un error en su certificado de derechos de reconstrucción para afectados (Cedra).
“Hasta ahí íbamos bien, pero fue cuando se detuvo todo, ha ido más lento”, señala Octavio Ochoa, administrador del condominio, quien confía en que se agilice su situación.
Para reconstruir condominios, como es el caso en Benito Juárez, hay que obtener primero el Cedra y el certificado único de zonificación de uso de suelo en modalidad de reconstrucción de vivienda (Curvi), el cual está en proceso para Balsas 18. Ambos los emite la Seduvi. Además, hay que tener un proyecto ejecutivo y elegir una constructora para luego tramitar la manifestación de reconstrucción ante la delegación.
“Se me hace increíble que esté todo listo y no puedan arrancar por un permiso”, agrega Rafael Flores, de 65 años, también damnificado de dicho predio, en el cual murieron cuatro personas en el sismo del 19-S.
La desesperación surge porque los afectados cuentan con la constructora, GDC Desarrollos, dirigida por Santiago Morales Broc y un proyecto ejecutivo en el cual se planea aplicar la redensificación para aumentar de 16 a 22 viviendas, es decir, construir seis más para su venta y así la empresa recupere parte de la inversión, además los vecinos gestionarán los apoyos económicos para reconstrucción.
Los vecinos se apegaron al esquema de la delegación Benito Juárez, que los apoya con los gastos para regularizar la propiedad del inmueble y además les asigna la constructora que repondrá sus departamentos, con el compromiso de que no pagarán un peso, serán gratis.
Hasta ahora el caso más avanzado es Nicolás San Juan 304, colonia Narvarte Poniente, donde el jefe delegacional, Ángel Luna, entregó el pasado miércoles la primera manifestación de reconstrucción, también a cargo de GDC y podrían empezar la obra en un mes. El delegado ha estimado que apoyarán a mil 600 familias de 27 inmuebles.
Pero la actuación de la delegación también ha sido cuestionada, previo a las campañas electorales “colgaron mantas en la esquina de Xola y Galicia donde decían que la delegación iba a reconstruir gratuitamente los edificios, lo cual es falso, no ha puesto un solo peso en este caso”, cuestiona Simon Tomassini, vecino del edificio Xola 32, en la colonia Álamos, edificio demolido junto con Galicia 245 y 253 debido a los daños tras el temblor.
Recuerda que la delegación les propuso reponer viviendas de 80 metros cuadrados, pero “luego nos dijeron que la ley les permitía hacer incluso de 65 metros cuadrados, muchos dijeron que no aceptaban que les quitaran hasta 40 metros cuadrados”.
En este caso, el proceso para reconstruir se sigue junto al Gobierno capitalino. La intención de la comunidad de Xola 32 también es ir por la redensificación para reponer sus 28 viviendas —dos servían como restaurante— y hacer hasta 10 más, en total 38, según el anteproyecto que ha hecho una empresa. El nuevo edificio pasaría de siete a 11 niveles.
Por el momento, expresa Nuri Aguilera, aun con los avances en trámites, los damnificados seguirán como lo han estado desde los minutos posteriores al temblor del 19-S, en la calle.
