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diana.fuentes@eluniversal.com.mx
El tema de redensificación tiene frenada en la Asamblea Legislativa la dictaminación y en su caso aprobación de la Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México.
Los grupos parlamentarios aseguran que esta ley es buena pero debe ser mejorada debido a que en su contenido hay lagunas que tienen que ser modificadas para no caer en ilegalidades y evitar con ello desgracias como las ocurridas desde el pasado 19 de septiembre con el temblor.
Una de ellas es el tema de redensificación y donde vecinos de las 16 delegaciones políticas de la capital han levantado la voz para exigir se dé marcha atrás a la sugerencia de que en donde se cayó un edificio, se construya otro y además se le agregue un 35% de construcción sin, acusan, la obligatoriedad de contar con medidas de mitigación.
Desde que esta iniciativa de ley fue remitida por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de manera pública no se ha abordado en comisiones, sin embargo, si se han realizado distintos foros para conocer y tomar en cuenta las inquietudes de los capitalinos.
Lo que sí logró esta iniciativa de ley, por primera vez en dos años, es convocar a todas las fuerzas políticas representadas en el recinto de Donceles y Allende para la transformación de la Ciudad.
Ahora hasta Morena, luego de no integrar comisiones y no tener derecho a voto, podrá hacer valer su opinión ya que para analizar la iniciativa de reconstrucción lo harán los integrantes de la Comisión de Gobierno que ahora fungen como una Comisión Especial para discutirla.
El líder de la bancada del PRD, Leonel Luna Estrada, se comprometió a que sea analizada minuciosamente y redactada de manera distinta a la original para evitar vacíos legales sobre la posible redensificación en inmuebles colapsados y con daño estructural.
Garantizó para tranquilidad de los capitalinos que se analizará predio por predio colapsado para saber si es viable construir pisos de más.
César Cravioto, coordinador parlamentario de Morena, manifestó su preocupación porque el gobierno mantenga una visión de negocio y no vea por el bienestar de los ciudadanos, e incluso, se burle de ellos al proponerles que soliciten un crédito por 20 años, cuando ellos ya pagaron su respetiva vivienda.
Urbanistas y ambientalistas han cuestionado que la Ley de Reconstrucción de Mancera sea un proyecto a corto plazo, en el que no hay un cambio sustancial de las estrategias de construcción.
Ejemplificaron que en ningún momento se habla de la utilización de un material especial que debería ser considerado para la reconstrucción.
“Podrían ser situaciones que consideran de poca relevancia, pero no es así, se tiene que prever para no volver a cometer errores donde el resultado es la pérdida de vidas humanas”, señalaron los urbanistas.
Alfonso Iracheta del Colegio Mexiquense dijo que hace falta que el gobierno central defina las zonas de alta sismicidad, de desprendimiento, de hundimientos, pues todos esos factores influyen en un desastre natural.
Por separado, hay inquietudes de muchos diputados del PRI con relación a la iniciativa y que han pedido aclarar por qué la están proponiendo ya que la exposición de motivos no es suficientemente sólida sobre todo lo concerniente al 35 por ciento adicional a las alturas y densidades.
Dunia Ludlow, presidenta de la Comisión de Vivienda, refirió que solicitaron al presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa capitalina, Leonel Luna, una reunión con las autoridades del gobierno capitalino para llevar a cabo una reunión con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Finanzas y Seduvi, para que detallen la propuesta.
Manifestó que las decisiones deben ir acompañadas de un fundamento técnico para no tener un dictamen endeble y equivocado. Rechazó la propuesta de incrementar alturas y densidades en un 35 por ciento, pues no se está considerando a damnificados de Tláhuac, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, donde las viviendas son de autoconstrucción. La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) no ha emitido pronunciamiento al respecto.
La propuesta. La iniciativa de ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México plantea que los proyectos deberán contar con al menos el número de viviendas originales existentes en el predio y podrán incorporar espacios adicionales, en seguimiento al uso de suelo establecido y el nivel máximo de construcción.
El dueño del inmueble que no cumpla con las especificaciones de uso de suelo se podría hacer acreedor a una multa de entre 5% y 10% del valor comercial de la obra.
