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johana.robles@eluniversal.com.mx
El comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, Ricardo Becerra, advierte que si se tarda en resolver la controversia constitucional para definir quién autoriza los recursos económicos para la reconstrucción de los daños que dejó el sismo del 19 de septiembre en los próximos meses, se pueden entorpecer estas tareas y convertirse en un problema serio.
“En este momento, no [están detenidos los trabajos] pero si se prolonga más tiempo, hay juicios que se tardan, sí puede entorpecer. El Gobierno cuenta con recursos para salir adelante, pero si la controversia permanece mucho tiempo, sino hay claridad, pues sí puede haber un problema serio en los siguientes meses”, dice.
En ese sentido afirma que los proyectos que sí se están financiado —como será la reconstrucción de 11 edificios del Instituto de Vivienda de la CDMX— es porque o ya estaban previstos desde 2017 y por lo tanto no aplica lo del decreto de 2018 o la comisión le solicita a las dependencias que inviertan en tal o cual programa de la reconstrucción. “La controversia no ha detenido, pero si llega a fines de marzo y estamos en controversia, tendríamos que modificar las cosas”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una controversia constitucional promovida por la bancada de Morena que cuestiona que el presidente y secretario de la Comisión de Gobierno del órgano legis-lativo, y el presidente de la Comisión de Presupuesto, tengan la atribución de autorizar el presupuesto destinado para la reconstrucción, cuyo monto, según el presupuesto 2018, asciende a 8 mil 772 millones de pesos.
En entrevista con El UNIVERSAL, Ricardo Becerra acota que el tema es que hoy la comisión que preside no sabe si debe pedirle los recursos a la Secretaría de Finanzas (como lo establece la Ley de Reconstrucción) o a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (como está en el Decreto de Presupuesto de Egresos para 2018). “El decreto es aprobar cuentas y eso mete ruido”, externa.
El funcionario capitalino abunda que la función del órgano legislativo es supervisar y vigilar la gestión del gasto; a la aprobación de recursos la califica, al menos, de “sui generis”.
¿La palabra autorización en el decreto vuelve a la comisión que encabeza de “papel”?
—Depende de las reglas, en efecto, es una reforma, es un decreto que sí modifica el papel que ya le ha asignó a la comisión. Por ejemplo, nos ponen mensualmente reportes de gasto, pues no estamos en condiciones porque no hay claridad si debemos pedir autorización del gasto a la Asamblea, se tiene que reponer esto lo antes posible.
¿La palabra autorizar le quita todas las facultades a la comisión?
—La comisión no tiene claridad si le pide recursos a (la Secretaría de) Finanzas o a la Asamblea para las necesidades que va detectando. No creo que haya otra autoridad en la Ciudad que tenga mejor perspectiva que la Comisión de Reconstrucción sobre las necesidades actuales y vívidas de la gente. La comisión está poniendo las prioridades y por lo tanto el dinero para atender las prioridades como es tener un ejército de DRO2.
En la presentación del programa menciona que la Asamblea se colocó en el centro de la política de la reconstrucción, ¿a qué se refiere?
—Por razones históricas, la Asamblea Legislativa está en la marcha del desarrollo urbano, desde ahí se autoriza el uso de suelo desde hace mucho tiempo. Formuló una Ley de Reconstrucción para darle continuidad a los programas. Ella misma se colocó como pilar de la rendición de cuentas, nos debemos a la Asamblea para rendir cuentas. Lo del decreto es para aprobar cuentas y eso mete ruido.
¿Hay tintes electorales en esta decisión de la palabra en el artículo 12 “autoriza”?
—No quiero juzgar y quiero esperar la respuesta de la Asamblea.
Ricardo Becerra expone que ya enviaron —hace una semana— una carta al presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, con quien ya se reunió, para explicarle esta controversia. Dijo que le quedó de dar una respuesta formal está o la próxima semana.
El tema presupuestal, dice, es uno de los tres principales obstáculos que ha encontrado para avanzar en la reconstrucción. El funcionario insistió en que este tema debe quedar resuelto a la brevedad para no causar problemas y ve que los diputados están en las condiciones y disposición para cambiar el decreto.
Los otros dos problemas son la coordinación institucional entre el nivel del Gobierno central con la delegaciones, pues cada una de ellas tiene reglas diferentes. El tercero es conciliar con todos los damnificados para consensar una propuesta de solución para la reconstrucción de su inmueble dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Avance de la comisión.
Ricardo Becerra comenta que hoy la reconstrucción se guía por tres grandes temas: la certeza jurídica que están pidiendo los damnificados para saber el destino de su inmueble, es decir, si serán demolidos o reforzados. Se trata de dar los dictámenes estructurales. Aquí detalla que de acuerdo a la información que le han entregado las delegaciones, hay 32 mil inmuebles dañados, pero depurarán esas cifras. La mayoría están en Iztapalapa, con 19 mil expedientes; le sigue Cuauhtémoc y Benito Juárez.
Otro tema es que deben anular el riesgo, es decir, demoler los inmuebles. A la fecha, en el Comité de Emergencias se deben revisar 900 inmuebles de los cuales 600 ya tienen dictamen y 120 se tienen que demoler. Falta de revisar el resto.
El tercer eje es los estudios de ingeniería y geofísica del suelo para saber —predio por predio— las características físicas y técnicas que tendrán los nuevos inmuebles y que éstos sean seguros.
“La tarea de la comisión es que los edificios que se construyan sean más seguros que antes del 18 de septiembre de 2017”, dice.
2018 es un año electoral, eso es innegable. ¿Cómo saber que los programas que define la comisión no tienen un fin electoral?, ¿cómo blindarlos?
—Respetando la función de la comisión. La comisión está formada por gente impecable de trayectoria intachable como el doctor Mauricio Merino, la doctora Adriana Lobo, y Sergio Alcocer.
Expone que para cuando culmine el sexenio de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, hasta el 5 de diciembre próximo, la meta es que ya no haya ningún tipo de riesgo para los damnificados y que estén en marcha al menos la muestra de los diferentes programas de reconstrucción de vivienda que están establecidos por ley.
“El daño de la Ciudad de México no es comparable con el sismo de 1985, pero es un daño grande, extendido y disperso que se ensañó con las mujeres y adultos mayores”, dice.
