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El plan para certificar viviendas contra sismos se canceló debido a que terceras personas quisieron lucrar con el proyecto, afirmó el titular de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Alejandro Kuri.

Sin mencionar nombres, aseguró que hubo quienes quisieron comercializar el proyecto.

Este plan consistía en desarrollar una certificación que garantizara la seguridad de nuevas propiedades ante un temblor.

Luego del sismo del 19 de septiembre del año pasado, la AMPI se reunió con representantes de los colegios de Arquitectos, de Ingenieros, y con el Instituto de Investigaciones Sísmicas de la UNAM para desarrollar el proceso de certificación de nuevos inmuebles y, eventualmente, avalar la seguridad de edificios ya construidos, donde hubiera una memoria de cálculo clara y documentada.

“Mientras muchos de los que participamos lo hicimos pensando en la población, una gran parte lo hizo pensando como negocio; esto no se puede concebir así, sino como un proyecto social y de servicio a la comunidad”, precisó.

Si bien el proyecto está cancelado, Alejandro Kuri opinó que la única forma de echarlo a andar es a través de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para evitar mezclar intereses comerciales.

Abundó que la máxima casa de estudios debería marcar los lineamientos para que el proyecto no se pervierta, pues, advirtió, se pueden generar actos de corrupción.

“Si no se hace de esa manera y se blinda el proceso, este tipo de certificaciones va a ser un producto que se venda. Es decir: ‘¿Quieres certificación sísmica?, cáete con una lana’, ‘¿no me vas a checar mis planos o mi memoria de cálculo? No, vale tanto’. Eso desvirtúa lo que queríamos que fuera esa certificación: una tranquilidad para los habitantes, que vieran un edificio con certificación sísmica y supieran de manera inmediata e irrefutable que en ese lugar pueden comprar o rentar tranquilamente. El único que tiene autoridad moral para hacerlo es la UNAM”, dijo.

En diciembre pasado, el Gobierno de la Ciudad de México presentó la actualización de ocho normas técnicas complementarias para el reforzamiento de la seguridad estructural de los edificios; el objetivo es evitar daños a los elementos estructurales de las edificaciones durante sismos.

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