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Estudiantes, académicos de instituciones educativas como la UNAM, ITAM y UACM, así como colectivos ciudadanos, presentaron un informe sobre las violaciones a los derechos humanos que enfrentaron los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017.
La información fue recabada por 40 brigadistas, integradas por 120 estudiantes, quienes entrevistaron a más de 200 damnificados en campamentos y albergues de las delegaciones Benito Juárez, Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, Milpa Alta, Coyoacán, Cuauhtémoc, Magdalena, Contreras y Álvaro Obregón.
La investigación refieren que luego del temblor de magnitud 7.1 se detectó que la atención y el actuar de las autoridades fue desigual en diversas zonas de la Ciudad.
A diferencia de las delegaciones centrales, en los albergues y campamentos de la periferia, donde hay mayor proporción de personas pobres, se detectó la nula presencia de autoridades del Gobierno y delegacionales, y de personal de vigilancia en la protección de derechos humanos, así como menor provisión de servicios públicos básicos.
Entre los hallazgos más relevantes se documentó la falta de una política adecuada de vivienda temporal en casos de desastre.
Si bien se aperturaron albergues, estos no fueron suficientes, pues a la par había 78 campamentos civiles, de los cuales 26 seguían activos en el mes de enero.
Más de 50% de los damnificados manifestaron sufrir afectaciones sicológicas. Casi una quinta parte reportó que el jefe de hogar perdió su empleo tras el sismo y la mitad obtenía su sustento de donaciones o apoyos públicos. Además, 98% de los encuestados reportaron problemas o irregularidades por parte de las autoridades, en relación con sus obligaciones de dictaminar, demoler o reconstruir sus edificios.
