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Un grupo de asociaciones civiles denunció la violación a los derechos humanos de los damnificados del sismo por parte del Gobierno capitalino, al cerrar 42 de los 48 albergues que se abrieron después del terremoto y permitir que existan más de 50 campamentos provisionales en las calles de la Ciudad de México.
Después de hacer un sondeo en las delegaciones Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Alvaro Obregón y Coyoacán para el proyecto Documenta desde abajo 19-s hallaron que en los distintos albergues que se abrieron hubo incluso malos tratos e irregularidades, como: establecimiento injustificado de horarios muy estrictos de salida y entrada que afectan las posibilidades de trabajar y en algunos casos equivalen a condiciones de semi-reclusión, entre otros.
Por ello, la Universidad Iberoamericana, ProDESC, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Red Internacional de Migración y Desarrollo, Estancia del Migrante González y Martínez, Acceso MX, Mexiro, Instituto para las Mujeres en la Migración, Ruta Cívica, y Ciudadanía 19S hacen un llamado urgente a que el gobierno de la CDMX corrija las deficiencias e irregularidades identificadas y cumpla con sus obligaciones de ofrecer alojamientos temporales a personas afectadas por el sismo a partir de un enfoque de derechos humanos.
