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Representantes de establecimientos mercantiles y vecinos del Centro Histórico aseguraron que fue desmedido el operativo mediante el cual el gobierno capitalino cerró seis bares en calles como Callejón del 57 y República de Cuba , a pesar de que la comunidad de este perímetro había firmado hace unas semanas un convenio de convivencia.
Acompañados por el diputado local de Morena , Alfonso Suárez del Real , un grupo de habitantes y encargados de establecimientos exigieron el levantamiento de los sellos de suspensión , consideraron excesiva la presencia de decenas de policías varios con armas largas durante el llamado operativo Ciclón la noche del jueves pasado, por lo que adelantaron que presentarán una queja en la Comisión de Derechos Humanos y recurrirán a la presentación de un amparo colectivo.
En conferencia, el legislador cuestionó que para verificar una serie de negocios las autoridades capitalinas hicieran un despliegue tal como si fueran a atrapar a un delincuente”, con 500 policías, personal de la Procuraduría General de Justicia local , el Instituto de Verificación Administrativa ( Invea ), entre otras dependencias a excepción de la delegación Cuauhtémoc .
Consideró que se violaron derechos de los encargados y trabajadores de los negocios verificados y cuestionó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública entraran a los bares con armas largas, por lo que aseguró que solicitarán la ayuda de la Comisión de Derechos Humanos local y exigió la eliminación del operativo Ciclón por estas presuntas afectaciones.
Suárez del Real recordó que para garantizar una sana convivencia entre vecinos y bares, hace unas semanas ambas partes firmaron un convenio de convivencia barrial, atestiguado por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial.
En la conferencia, Rodrigo, un representante del establecimiento La Excelencia , acusó que durante el operativo personal del Invea les indicó que “sólo iban a verificar” pero él y otros locatarios acusaron que las autoridades ya traían consigo las órdenes de clausura y no hicieron caso a los documentos que ellos presentaron para acreditar la operación de los inmuebles, según el inconforme.
Vecinos del Callejón del 57 calificaron el operativo como “intimidante” y que además criminaliza o estigmatiza a la comunidad, además estimaron que con los cierres “se perdieron 106 empleos directos y casi 400 indirectos”.
Incluso un representante del bar El Viena se quejó de que le confiscaran 107 botellas de bebidas alcohólicas de procedencia extranjera, a pesar de que habría mostrado las facturas de los productos.
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