Que las personas del mismo sexo ya se puedan casar en las 32 entidades del país es un gran avance que se debe celebrar, aunque la lucha para expandir los derechos LGBTTTIQ+ no ha terminado y debe continuar, coinciden personajes clave en el impulso y aprobación de este tema en la Ciudad de México.

La capital del país fue la primera entidad en legalizar la unión entre personas del mismo sexo. A finales de 2009, el exdiputado de la entonces (ALDF) David Razú presentó una iniciativa para modificar el artículo 146 del Código Civil del DF para definir al matrimonio como la unión libre de dos personas y eliminar la limitante de un hombre y una mujer.

“Fue una batalla muy compleja porque había mucha resistencia por parte de ciertos grupos conservadores vinculados con jerarquías religiosas y por otro lado del propio gobierno federal, que hizo un activismo interno en contra de la iniciativa llegando a grados de hacer declaraciones homófobas o lesbófobas permanentemente y estar pastoreando a los diputados de Acción Nacional para que votaran en contra”, comenta a EL UNIVERSAL.

Precisa que el PAN hasta el último momento hizo todo lo legal y “no tan legal” para frenar esta reforma, incluso llevaron el tema hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A pesar de la resistencia, amenazas “y expresiones lamentables” de jerarcas católicos, la reforma entró en vigor en marzo de 2010.

Con orgullo, el exdiputado menciona que la Ciudad de México fue la primera jurisdicción de América Latina en aprobar el matrimonio igualitario.

“Hay que aprovechar que no hay obstáculos que hubo los pasados años para tratar de consolidar un panorama de derechos mucho más sólidos”, afirma.

Razú argumenta que esta reforma también pudo materializarse gracias a la gran defensa que hizo la entonces consejera jurídica del Distrito Federal, Leticia Bonifaz, y al apoyo y respaldo de los colectivos y asociaciones de la diversidad sexual.

No obstante, resalta que hay pendientes que deben atenderse, como la aprobación en todos los estados de una ley para armonizar la identidad de género de las personas, eliminar por completo las terapias de reconversión e impulsar programas de concientización e inclusión.

Defensa férrea

Al respecto, Leticia Bonifaz, exfuncionaria y ahora integrante del Comité CEDAW ONU, relata que nunca dudó o tuvo temor de que este derecho pudiera revertirse. Asimismo, indica que lo complicado no fue la aprobación en la Asamblea Legislativa, pues “había una mayoría cómoda” del PRD, sino lo que pasó después.

“Vino una acción de inconstitucionalidad y el tema llegó a la Corte, entonces ahí sí hubo que argumentar que era válido que un estado, el Distrito Federal entonces, cambiara su legislación, particularmente el Código Civil, para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso fue algo que se ganó nueve a dos, nueve ministros a favor, sólo dos en contra”, señala.

Bonifaz asegura que esta resolución que se dio en el entonces Distrito Federal, más los argumentos de la SCJN, permitieron que más adelante se presionara a otros Congresos para legislar en la materia o motivó a que se interpusieran amparos para permitir las uniones legales igualitarias, aunque este proceso fue lento.

“Yo digo que hubo una voluntad política para empujarlo, el movimiento LGBTTTIQ+ también estaba de acuerdo y la traducción jurídica, que es la que me tocó a mí, fue sencilla, porque sólo es un cambio en el Código Civil en donde cambias hombre y mujer por persona, quitas el tema de la procreación que tiene que ser consecuencia del matrimonio y entonces todo eso fue lo que al final validó la Corte”, sostiene.

Reconoce la valentía que tuvo el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, de llevar adelante esta política progresista a pesar del rechazo de la Iglesia y de un sector de la población. “Los derechos humanos van hacia adelante y este tema de igualdad impulsado por Marcelo fue clave para aprobar esta reforma”.

Alegría y pendientes

Para Temístocles Villanueva, quien se casó en marzo de 2010 con su novio y se convirtió en una de las primeras parejas en hacerlo en México, es de celebrarse la aprobación de los matrimonios igualitarios en todo el país, pero, dice, esto no lo es todo para la población de la diversidad sexual.

“Es el primer paso para que el Estado demuestre que va a tratar a sus ciudadanas y ciudadanos por igual y sin discriminación”, comenta. Al igual que Razú y Bonifaz, el diputado local señala que algunos estados han avanzado para garantizar los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, pero otras entidades como Veracruz, Estado de México y Nuevo León aún van lento.

Precisa que se debe avanzar para que se reconozca la Ley de Identidad de Género para las Personas Trans, que se tipifiquen los crímenes de odio y las terapias de reconversión y políticas de inclusión para disminuir las brechas de desigualdad que históricamente han afectado a los integrantes de la diversidad sexual.

Otros pendientes, enuncia, es legislar a nivel federal para que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estipule la no discriminación por orientación sexual, identidad, rol y expresión de género, que avance las reformas a la ley del IMSS y el ISSSTE para que “se reconozca a nuestras familias, a las familias homoparentales y lesbomaternales que no dependa de la voluntad política de los gobernantes y quede estipulado en la ley que sigue a estas dos instituciones”.

Además, los entrevistados recuerdan que cinco estados aún no actualizan su Código Civil para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato y Nuevo León. En estas cinco entidades, las uniones se permiten gracias a decretos u órdenes judiciales.

Temístocles Villanueva indica que si bien la Ciudad fue y es vanguardia en este tema, también existe un gran pendiente que no se ha cumplido: la creación de una instancia que haga valer la recién aprobada Ley de Reconocimiento de Derechos a la Diversidad Sexual. “Nos preocupa, creemos que el Gobierno de la Ciudad tiene que involucrarse mucho más en la agenda”.

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