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Naucalpan, Méx.—“¡No me quiten mi casa!”, externaron con carteles niños y pacientes con parálisis cerebral, cuadrapléjicos y autistas de la casa hogar San Luis Gonzaga y Autismax, de donde más de 50 internos serán desalojados por orden de una juez en Materia Civil, luego de que la empresa inmobiliaria Residencias Modernas ganó el juicio para tomar posesión del predio.
Al respecto, Berenice Rosano, representante de los padres de familia de la Casa hogar San Luis Gonzaga, dijo que “el poder judicial no sólo se ha mostrado insensible, no ha respetado el decreto que emitió la Legislatura hace 32 años y hoy permite el actuar de la juez cuarta Abigail Tinoco Rincón”.
La madre de familia dijo que para impedir este desalojo “pedimos la intervención del gobernador Alfredo Del Mazo Maza”, porque el predio es propiedad municipal y si el ayuntamiento no ha defendido con ímpetu jurídico este inmueble, el ejecutivo estatal puede expropiar este terreno para salvaguardar el cuidado y atención que reciben más de 50 pacientes cuadrapléjicos, con parálisis cerebral y con autismo, reiteró Berenice Rosano.
La legislatura mexiquense, por orden del entonces gobernador Alfredo Baranda, emitió el decreto 206, con el que autorizó al ayuntamiento de Naucalpan donar a título gratuito un inmueble de 2 mil 692 metros cuadrados, ubicado en avenida Fuentes de Satélite, en Circuito Oradores en Ciudad Satélite, al hogar infantil San Luis Gonzaga, —donde también opera Autismax— donación que fue publicada en la gaceta del Gobierno del Estado de México, el 22 de mayo de 1987.
Sin embargo, la inmobiliaria Residencias Modernas, filial de Frisa, interpuso un juicio civil para recuperar el mismo predio que asegura es de su propiedad.
Por lo que la juez Rosario Abigail Tinoco ordenó el desalojo del inmueble que ocupa desde hace 32 años la casa hogar San Luis Gonzaga y solicitó el apoyo de medio centenar de policías estatales para cumplir la orden que se realizaría este 4 de noviembre, pero que quedó pendiente de ejecutarse.
Para evitar el desalojo, padres, asociaciones civiles y el ayuntamiento de Naucalpan han interpuesto 12 amparos, los cuales se han negado a revisar jueces.
