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La Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) dio a conocer que ejecutó una orden de aprehensión en contra de Hedilberto Chávez, quien fue funcionario de la Secretaría de Finanzas en la administración de Miguel Ángel Mancera; el imputado es acusado de desviar del erario más de 3 millones de pesos cuando estaba al servicio del gobierno capitalino.
En conferencia, el vocero de la dependencia investigadora, Ulises Lara, explicó que la captura se logró en la alcaldía Gustavo A. Madero y que el exfuncionario no opuso resistencia, y aunque se negó a declarar, ahora sigue un proceso legal en el Reclusorio Sur.
Al respecto, el vocero de la procuraduría dio a conocer que las investigaciones sobre Hedilberto Chávez y al menos otros cuatro funcionarios continúan. Se espera que durante esta semana otros dos servidores públicos sean detenidos, pues cuentan con órdenes de aprehensión.
Según el expediente del caso, la dependencia investigadora busca también al extitular de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, Édgar Tungüí Rodríguez, y a Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), por el delito de uso ilegal de atribuciones por diversos 26, en grado de otorgamiento de permisos.
Las órdenes judiciales fueron otorgadas a la procuraduría que encabeza Ernestina Godoy Ramos y se espera que en los siguientes días sean ejecutados por la Policía de Investigación (PDI).
Además, una juez ha liberado una nueva orden de cateo para tratar de ubicar a Juan Apolinar Torales Iniesta, uno de los dos directores Responsables de Obra (DRO) del Colegio Enrique Rébsamen, quien permanece prófugo al igual que Francisco Arturo Pérez Rodríguez, ambos involucrados en la tragedia en la que murieron 27 personas, entre ellas 17 menores de edad, en la alcaldía Tlalpan.
Antecedentes. Días previos a que se cumpliera el primer aniversario del sismo del 19-S, en diversos reportes periodísticos Édgar Tungüí fue acusado de ofrecer contratos para la reconstrucción a sus familiares, uno de ellos fue por los servicios de gerencia de proyectos y gestión administrativa, con la empresa Cal y Mayor y Asociados S.C., donde laboraba su familiar desde abril de 2017 como “especialista jr.”.
Fueron 70 millones de pesos autorizados a esta empresa para asesorías y labores administrativas, más recursos que los destinados para “servicios de atención a daños menores”, a los que se otorgaron 20 millones; los 17.1 millones de pesos para demolición de inmuebles, y los 9.1 millones de arrendamiento de puentes peatonales provisionales.
Por esas fechas, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), a través de un comunicado explicó que sólo en uno de los tres contratos firmados no había “relación familiar”, puesto que Tungüí Rodríguez ya no ocupaba la titularidad de la secretaría, si no que estaba en la Comisión para la Reconstrucción.
Sin embargo, a los familiares de Tungüí Rodríguez, cuando aún era funcionario, se les otorgaron contratos por 10 y 15 millones de pesos, con Cal y Mayor y Asociados S.C.
El 25 de octubre de 2018, en una comparecencia ante diputados, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, entonces titular de la Seduvi, negó algún acto de corrupción.
