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En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó un paquete de iniciativas para reformar el Código Penal, así como la Ley de Establecimientos Mercantiles, para proteger a las mujeres ante los delitos de violencia familiar, el abuso sexual, el acoso sexual y el acoso sexual digital.
En primer lugar, anunció una modificación al Código Penal de la CDMX, para diferenciar entre la violencia familiar y la violencia de género, y así atender mejor a las mujeres que sufren violencia al interior de sus hogares; además se contemplan nuevas agravantes que se castigarán con hasta siete años de prisión.
Esta iniciativa contempla agravar esta conducta en cuatro casos específicos, explicó la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján: en los casos en que la víctima sea una mujer embarazada y en los seis meses posteriores al parto; que la violencia se cometa con algún arma; cuando la violencia deje cicatriz permanente en la cara y o lesiones que tarden en sanar más de 15 días; y cuando el sujeto cuente con antecedentes penales por este tipo de delito. En el caso de estas agravantes, se castigará con penas de dos a siete años de prisión.
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MÁS PRECISIÓN EN DEFINICIONES DE ABUSO Y ACOSO SEXUAL
El paquete de iniciativas que presentó la administración capitalina, contempla añadir definiciones más precisas del abuso sexual, el acoso sexual y el acoso sexual digital, además de talleres “reeducativos” obligatorios para aquellos agresores que cometen estos delitos.
Asimismo, se añaden agravantes para cuando el abuso sexual se haya cometido en contra de un menor de edad, cuando haya una situación de jerarquía, y otras relacionadas con el lugar donde se cometa el delito; asimismo, se incluirá una parte relacionada con el consentimiento.
En el caso del acoso sexual también habrá agravante cuando se condicione de forma explícita, y se propuso tipificar como delito el ascoso sexual digital.
VIDEOVIGILANCIA EN HOTELES PARA PREVENIR LA TRATA
También se anunciaron cuatro reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México para reforzar la seguridad en hoteles y moteles y prevenir la trata, los feminicidios, y otros delitos que se cometen contra las mujeres en estos espacios.
De esta forma, los hoteles deberán contar con mecanismos obligatorios de videovigilancia conectada al C5 y registros confiables.
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