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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, propuso castigar con más severidad las amenazas, y agravar este delito cuando consista en la instalación, uso o detonación de bombas o explosivos en vehículos o instalaciones públicas o privadas.
La mandataria capitalina presentó una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para modificar el Código Penal local con la intención de aumentar las penas por amenazas. Actualmente por este delito se imponen de tres meses a un año de prisión, la propuesta busca que la sanción sea de uno a dos años de cárcel.
La pena se agravará el triple, es decir, de tres a seis años de prisión cuando la amenaza se realice con armas; cuando el amenazante se ostente como integrante de un grupo criminal; cuando consista en causarle la muerte a algún familiar de la víctima; cuando se amenace con la instalación, uso o detonación de bombas o explosivos; y cuando se amenace a víctimas, testigos, jueces o policías con la finalidad de afectar su participación en un proceso penal.
En su propuesta, la mandataria capitalina argumenta que actualmente el artículo 209 del Código Penal local se limita a sancionar el acto de “amenazar con causar un mal” sin considerar los medios, finalidades o contextos en que se produce. Tampoco contempla las amenazas realizadas a través de medios digitales, con armas o con el propósito de inhibir procesos judiciales. Además, su penalidad resulta desproporcionadamente baja frente al riesgo que implica la amenaza en la escalada de violencias.
“La norma vigente no refleja los contextos contemporáneos de comunicación digital, ni distingue amenazas de diversa gravedad. Tampoco contempla agravantes como el uso de armas, la finalidad de intimidar testigos, o la repetición sistemática de la conducta. La baja sanción carece de efecto disuasivo y genera impunidad en los casos más graves”, se plantea.
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