De los 85 panteones civiles y comunitarios que hay en la capital, 82 ya cuentan con videovigilancia conectada al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, a través de 362 cámaras integradas en 181 tótems, de acuerdo con información de dicha dependencia.
Esa cantidad de tótems instalados equivale a 97% de los 186 que se asignaron al proyecto de videovigilancia en panteones, a partir de lo establecido en el Reglamento de Cementerios, Crematorios y Servicios Funerarios en la Ciudad de México, que entró en vigor en marzo de 2022.
Los panteones que no cuentan con videovigilancia son tres comunitarios que se ubican en los pueblos de la alcaldía Coyoacán: San Francisco Culhuacán, San Pablo Tepetlapa y Santa Úrsula Coapa.
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Además, en el informe se detalla que de los 33 cementerios y crematorios concesionados en la capital, 15 ya cuentan con equipos de videovigilancia conectados también al C5 y 16 están en proceso de conexión, mientras que dos no han dado respuesta a los oficios que les han enviado las autoridades capitalinas, para indicarles que es necesario realizar las acciones correspondientes para la conectividad y así cumplir con el referido reglamento.
Con base en ese ordenamiento, el pasado 15 de marzo la Consejería Jurídica de la capital publicó en la Gaceta Oficial los Lineamientos para la Implementación de Herramientas Tecnológicas de Videovigilancia en los Cementerios y Crematorios de la Ciudad de México.
En los lineamientos se indica que las cámaras de videovigilancia instaladas en los cementerios deberán tener conectividad con el C5 las 24 horas, los 365 días del año, para su monitoreo por los entes públicos que operan bajo la plataforma tecnológica de esa dependencia, con la finalidad de prevenir y alertar inmediatamente a las autoridades encargadas de la seguridad y atención de emergencias capitalinas sobre cualquier eventualidad o situación de riesgo.
En la publicación oficial se destaca que se llevaron a cabo reuniones con pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, en coordinación con las alcaldías, a fin de presentarles dichos lineamientos y salvaguardar el derecho de ser consultados por las autoridades antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles.
A su vez, se informó que la Comisión Consultiva de Servicios Funerarios sesionó para poner a consideración de dicho órgano colegiado la aprobación de los lineamientos para la implementación de herramientas tecnológicas de videovigilancia en los cementerios y crematorios de la Ciudad de México.
El consejero jurídico y de Servicios Legales, Néstor Vargas, quien preside esa comisión consultiva, explicó que al momento de presentar las disposiciones a representaciones y autoridades tradicionales de los pueblos y barrios originarios, las únicas que no aceptaron la instalación de los equipos de videovigilancia fueron las de Coyoacán.
“De alguna manera, no los podemos obligar a cumplir con esa disposición del reglamento porque la misma Constitución establece que los pueblos originarios son responsables de la administración de sus cementerios”, precisó.
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En el caso de los panteones civiles, añadió el funcionario, la autoridad administrativa es la alcaldía, y el personal responsable de cada cementerio debe pasar por un examen de control de confianza, que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que es aplicable también a los concesionados.
“En el consejo consultivo también acabamos de aprobar una plataforma digital, en la que todos los cementerios deberán registrar en tiempo real cuáles son las inhumaciones, cremaciones y exhumaciones, para llevar un mejor control de los servicios que llevan a cabo”, señaló el funcionario.
Los diversos lineamientos aprobados por dicho consejo, enfatizó Vargas, tienen el objetivo de garantizar el derecho a preservar la memoria de los difuntos de manera digna, la seguridad ciudadana y sanitaria, en cumplimiento del Reglamento de Cementerios, Crematorios y Servicios Funerarios en la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas aplicables.