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El jefe de Gobierno, Martí Batres, enviará al Congreso capitalino una iniciativa de reforma a la Constitución local en materia judicial, para que las formalidades no esenciales del proceso jurisdiccional nunca estén por encima de la aplicación y los fines de la justicia social, ni se incurra en dilaciones indebidas de los derechos humanos, principalmente de grupos en situaciones vulnerables.
Al presentar su propuesta de reforma, el mandatario refirió el caso de Fabián Osvaldo Jr, El Cachorro, quien fue liberado por un juez federal que no encontró elementos suficientes para justificar su detención durante un operativo de la Marina, y lo absolvió antes de que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local ejerciera una orden de aprehensión en contra.
La iniciativa plantea agregar un segundo párrafo al artículo 35 de la Constitución de la Ciudad de México, donde actualmente se establece que la función judicial se regirá por los principios de legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas.
“Aunado a lo anterior, en la función jurisdiccional, se observarán los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva, de tal manera que las formalidades no esenciales del proceso nunca estén por encima de la aplicación y los fines de la justicia social, a fin de que impere un sistema auténtico que garantice y favorezca la tutela efectiva, sin dilaciones indebidas de los derechos humanos, especialmente de grupos sociales y personas que se encuentren en situaciones de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja social”, plantea la adición propuesta por el jefe de Gobierno.
En la exposición de motivos, Batres señala que dicha iniciativa —que enviará en estos días al Congreso local para que sea discutida en un próximo periodo extraordinario— tiene como objetivo reforzar y actualizar los principios bajo los cuales debe regirse la función jurisdiccional en la capital, a fin de garantizar el acceso a la justicia, principalmente a las personas y grupos que se encuentran en desventaja social.
Al respecto, el encargado de despacho de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, consideró que la eventual reforma constitucional ayudará a que los jueces construyan criterios comunes con visión de justicia social, sin involucrar sus decisiones y autonomía, sino en aras de homologar las formas para presentar a quienes cometan delitos.
