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Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Justicia Cívica y Defensoría Pública del Congreso local aprobaron la iniciativa para establecer infracciones especiales que implica arresto hasta 36 horas, contra los conocidos franeleros.
Se aclara que la iniciativa no penaliza a las personas trabajadoras no asalariadas o que se encuentren en situación de calle, sino que sanciona a quienes realizan las conductas que afectan derechos de terceras personas por obstruir, estorbar o impedir el uso de la vía y espacio público; coaccionar a personas para obtener dinero; y por cobrar por el uso de un espacio público que no les pertenece.
De acuerdo con el artículo 31 de esta ley, las infracciones tipo F se aplicarán con sanciones de 24 hasta 36 horas de arresto inconmutable. La persona juzgadora impondrá la sanción máxima de 36 horas cuando la persona infractora sea presentada por la conducta señalada en la fracción III del artículo 28 Bis.
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La propuesta de la mandataria implicó adicionar la fracción XXXIX al artículo 3; el artículo 28 Bis para establecer infracciones especiales contra la seguridad ciudadana relacionadas con la ocupación de la vía y espacio público, último párrafo al artículo 31; y reformar el artículo 32 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, presentada por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina.
El documento aprobado este viernes por los legisladores, expone la preocupación de que en “diversos puntos de la Ciudad de México se presenta una problemática en la que se impide y estorba el uso de la vía y el espacio público, por parte de personas que ofrecen servicios de estacionamiento, cuidado, lavado, aseo, hojalatería o reparaciones menores de vehículos, sin contar con un permiso, licencia o autorización por parte de autoridad competente”.
Además, las personas que realizan estas actividades ocupan extensos espacios de la vialidad, “contribuyendo a la congestión vehicular y aumentando con ello los índices de contaminantes en el aire”.
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También se advierte del aumento de denuncias presentadas contra las personas que realizan estas actividades, ya que ante la negativa de las personas conductoras de realizar el pago exigido para estacionarse, “los llamados ́franeleros o viene viene ́ pueden cometer delitos como amenazas, intimidación, extorsión, robo de vehículos y autopartes, lesiones o daños en propiedad ajena”.
La finalidad de la iniciativa es recuperar la vía y el espacio público para el desarrollo adecuado de la vida comunitaria y garantizar el derecho de las personas a la movilidad, al uso y disfrute del espacio público, reducir las posibilidades de actos delictivos como la extorsión, el daño a la propiedad, amenazas, robo de vehículos, robo de autopartes y lesiones a través de una política pública que establezca sanciones específicas, con irrestricto respeto a los derechos humanos.
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