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Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y la de Normatividad Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México aprobaron modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial local, iniciativa que fue enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hace unos días.
Este dictamen modifica alrededor de 400 artículos de la citada norma y será discutido en pleno este domingo 31 de agosto en un periodo extraordinario de sesiones, pues el objetivo es publicarla el 1 de septiembre, fecha en que jueces y magistrados rinden protesta ante el Congreso local.
Los diputados del PAN no se presentaron a esta sesión de las comisiones unidas.
En total, este dictamen fue avalado con 15 votos a favor y una abstención, del diputado Royfid Torres de Movimiento Ciudadano.
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Durante la discusión, la diputada del PRI Tania Larios destacó que votaron a favor porque vertieron opiniones de forma y fondo que fueron aceptadas. Asimismo, indicó que buscan una Ley Orgánica que garantice contrapesos y acceso a la justicia.
“Si hay voluntad podemos avanzar en el rezago que tenemos”, aseveró.
Este dictamen, entre otras cosas, extingue formalmente el Consejo de la Judicatura. En su lugar funcionará un Órgano de Administración Judicial que se integrará por cinco personas que durarán en su encargo seis años improrrogables. Uno de sus integrantes será designado por la Jefatura de Gobierno, otro por el Congreso capitalino, y los tres restantes por el Tribunal Superior de Justicia.
El Órgano de Administración Judicial y el Tribunal Superior de Justicia no podrán ser presididos por la misma persona.
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Asimismo, establece que la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se renovará cada tres años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien alcance mayor votación. Esto arrancará en 2027, una vez que la totalidad de las y los magistrados sean electos por voto popular.
Establece limitación en las remuneraciones de jueces y magistrados, la cual no será mayor al que tiene la persona titular de la Presidencia de la República; establecen las salas especializadas y las unidades de gestión; incorporan la figura de los facilitadores en los procedimientos judiciales; jueces y magistrados durarán nueve años en su cargo y se precisan las causas de separación y responsabilidad; e incorpora la reelección de jueces y magistrados, entre otros aspectos.
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