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Toluca, Méx.— Con el voto en contra de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza (NA) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Congreso local aprobó por mayoría que los ayuntamientos de San José del Rincón, San Felipe del Progreso y Nicolás Romero puedan desincorporar inmuebles para su venta y cumplir con pagos establecidos por mandatos judiciales.
Los legisladores de MC, NA y PVEM expusieron que no están de acuerdo en la desincorporación de bienes para cubrir deudas, en algunos casos millonarios, generadas por laudos o pagos a particulares.
Las tres iniciativas fueron enviadas a la Cámara de Diputados mexiquense por el gobernador Alfredo del Mazo Maza.
La Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal de la 61 Legislatura aprobó el jueves tres dictámenes para autorizar a los citados ayuntamientos desincorporar mediante subasta de bienes del patrimonio municipal para pagar laudos y un adeudo que se tiene con una empresa por un programa de obra que se ejecutó hace más de 10 años.
En el caso de San José del Rincón se subastarán dos inmuebles para pagar a una empresa por un revestimiento de caminos que se contrató en la administración 2009-2012. Ante el incumplimiento del pago inició un juicio mercantil que ganó en los tribunales que hace unos meses ordenaron liquidar al gobierno local más de 132 millones de pesos.
En San Felipe del Progreso, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ordenó a la administración adjudicar una bodega y un terreno contiguo de propiedad municipal a un trabajador que ganó un juicio laboral por despido injustificado en 2006.
A Nicolás Romero se le autorizó en el dictamen a subastar seis inmuebles para pagar un adeudo de más de 40 millones de pesos que se le debe a otro exempleado que ganó un juicio laboral por despido injustificado.
El diputado panista Gerardo Lamas, aunque votó a favor, se pronunció para que se establezcan candados a los ayuntamientos y no puedan desprenderse de sus bienes porque finalmente son de los habitantes y son los que resultan perjudicados.
La emecista Juana Bonilla reconoció que la situación financiera por la que atraviesan los ayuntamientos es muy difícil y se ven obligados a vender parte de su patrimonio para cumplir resoluciones judiciales, pero también apoyó la idea de establecer reglas para que subasten sus bienes.
El Congreso estatal recibió la propuesta del gobernador Alfredo del Mazo para autorizar a los 125 municipios contratar créditos hasta por 5 mil 500 millones de pesos para ejercer en 2022 y 2023, con un plazo de 30 años destinados a amortización de financiamientos, infraestructura, saneamiento financiero, obras e infraestructura, y remitió a comisiones las iniciativas que integran el Paquete Fiscal 2022.
