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Durante un periodo extraordinario de sesiones, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general y en lo particular, con 51 votos a favor y 15 en contra, modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial para darle certeza los nuevos jueces y magistrados que este lunes tomarán protesta.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho, sostuvo que estos cambios darán las bases, atribuciones y facultades a las nuevas instancias creadas, como el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, para el desarrollo de sus funciones y responsabilidades.
Sin embargo, aceptó que esta norma debe perfeccionarse en el futuro, por lo que pidió un voto de confianza.
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“Reconocemos, compañeras y compañeros, que aún falta poder avanzar en algunos temas de adecuar de manera precisa esta reforma, pero necesitamos precisamente, compañeras y compañeros, este voto de confianza en este instrumento legislativo, sabedores que en el futuro podemos presentar otras iniciativas, pero principalmente iniciativas constitucionales que nos permitan hacer con precisión estos ajustes legales que requiere el Poder Judicial de la Ciudad de México y poder avanzar a un mejor funcionamiento del mismo en beneficio de toda la ciudadana”, sostuvo.
Los 15 votos en contra de esta reforma presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fueron del PAN, quienes, en voz de Mario Sánchez, aseguraron que estas modificaciones paralizan al Poder Judicial.
“Esta reforma que hoy se somete a votación no fortalece al Poder Judicial, lo somete; no lo moderniza, lo amarra; y no lo reorganiza, lo paraliza. Y hay que decirlo con todas sus letras: lo poco que le quedaba de autonomía interna al Poder Judicial capitalino está siendo entregado a la lógica de cuotas, de intereses, y de control político disfrazado de colegialidad”, sostuvo.
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En cambio, diputados del PRI y Movimiento Ciudadano votaron a favor de este dictamen porque les fueron aceptadas reservas de forma que presentaron. En total se presentaron 40 reservas, todas, excepto 14 formuladas por el PAN, fueron aprobadas.
Este dictamen, entre otras cosas, extingue formalmente el Consejo de la Judicatura. En su lugar funcionará un Órgano de Administración Judicial. Este Órgano y el Tribunal Superior de Justicia no podrán ser presididos por la misma persona.
Asimismo, establece que la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se renovará cada tres años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien alcance mayor votación. Esto arrancará en 2027, una vez que la totalidad de las y los magistrados sean electos por voto popular.
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Rafael Guerra convocará al Pleno para elegir a la persona que ocupará la Presidencia del Tribunal para el periodo del 1 de enero del 2026 al 31 de agosto del 2027, pudiendo ser electa cualquiera de las personas integrantes del Pleno. Esta elección deberá ser este mismo año.
El dictamen también establece limitación en las remuneraciones de jueces y magistrados, la cual no será mayor al que tiene la persona titular de la Presidencia de la República; incorporan las salas especializadas y las unidades de gestión; se agrega la figura de los facilitadores en los procedimientos judiciales; jueces y magistrados durarán nueve años en su cargo y se precisan las causas de separación y responsabilidad; e incorpora la reelección de jueces y magistrados.
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aov
