Apps de transporte deberán entregar datos de choferes

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Los choferes de aplicaciones de transporte de pasajeros —como Uber, Cabify, Didi, entre otras— estarán obligados a informar a la Secretaría de Movilidad sobre sus ingresos totales, bonos y propinas que reciben, entre otros aspectos.

Así quedo establecido en los lineamientos que la dependencia capitalina publicó ayer en la Gaceta Oficial de la CDMX con la finalidad de iniciar la regulación y planeación de dicho servicio.

Dichos datos serán entregados por las empresas a la Agencia Digital de Innovación Pública y a una tercera empresa que auditará la información.

“Las personas morales (empresas) deberán contratar, previa aprobación por escrito de la secretaría, a una firma del sector privado con la capacidad de realizar auditorías de datos, que cuente con experiencia probada realizando este tipo de auditorías, para que cada seis meses audite y certifique la veracidad de la información”, se establece en la Gaceta capitalina.

En caso de incumplir con las disposiciones de la Semovi, la sanción será la revocación de la constancia de registro de cualquier firma que operan este servicio.

De acuerdo con el documento, entre la información que deberán entregar los choferes, a través de las empresas están: número de placas de los vehículos que trabajan en las plataformas, número de licencia del automovilista, ingresos totales, bonos y propinas que reciben; identificador único, edad, género de los socios; rutas, horas que el chofer pasó con pasajero a bordo y con solicitud de viaje, e incidentes en los que se involucró el responsable del auto.

Además, las horas que el socio estuvo conectado a la aplicación, coordenadas de accidentes, porcentaje en que se utilizó la cajuela, así como los días y horas que se desconectó el chofer de la aplicación.

En conferencia de prensa, donde habló de la ampliación de la Línea 3 del Metrobús, Andrés Lajous explicó que la entrega estará dividida en varias fases; la primera, en entrega de datos agregados, donde se mencione cuántos viajes se realizan en una hora, la distancia, entre otros. Esta información deberá entregarse en tres meses.

Después habrá otro plazo donde se entregará la información desagregada, pero esta no se dará al Gobierno, sino a un tercero; una institución académica o de la sociedad civil, que tenga capacidad de garantizar la seguridad de los datos.

“El objetivo es saber cuál es la forma de operación y de ahí tomar decisiones, lo que no queremos es que se queden como están, es condicionada el análisis de la información, no queremos que la regulación este basada en una intuición, queremos que esté basada en datos”, dijo.