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La audiencia inicial para resolver el caso de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que inició ayer, se pospuso para el próximo 3 de diciembre, debido a que los abogados de los 10 exfuncionarios imputados, así como los de las víctimas, argumentaron ante el juez que tomó el caso, Édgar Jesús Campos Burgos, que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) entregó de manera electrónica y en USB el contenido de las carpetas de investigación.
La información, según los abogados, consistía en una USB con más de dos terabytes de información y más de 5 mil fojas, por lo que pidieron al togado tiempo suficiente para analizar y conocer a detalle la investigación, pues de lo contrario no podrán defender a sus clientes.
Por tal motivo no se formuló imputación alguna contra los 10 exfuncionarios por el colapso de Línea 12 del Metro.
También se dio a conocer que cinco de los señalados solicitaron a la fiscalía capitalina llegar a un “acuerdo reparatorio”.
Se trata de Enrique Horcasitas Manjarrez, exdirector del Proyecto Metro; Juan Antonio Giral y Mazón, exdirector de Diseño de Obras Civiles de Proyecto Metro; Moisés Guerrero Ponce, director de Construcción de Obras Civiles de Proyecto Metro; Juan Carlos Ramos Alvarado, residente de Obra del tramo Olivos-Tezonco y subdirector de afectaciones; y Enrique Baker Díaz, director de Ingeniería y Proyecto de Obra Civil.
El documento lo entregaron el pasado 21 de octubre; sin embargo, hasta el momento la fiscalía capitalina ha desestimado ese recurso.
Durante la audiencia se dio a conocer que Enrique Horcasitas Manjarrez y Moisés Guerrero Ponce, no se presentaron ante el juez.
Al momento en que el juez pidió justificar la ausencia de Enrique Horcasitas, su defensa argumentó que tenía “síntomas de Covid”, a lo que la defensa de las víctimas exigieron un comprobante médico de lo dicho.
“Desafortunadamente no se llegó a formular la imputación, debido a un problema, toda vez que la fiscalía capitalina no ha proporcionado las copias físicas de la carpeta, se nos dio acceso a una nube, pero en ese usuario es muy complicado descargar los documentos.
“Entonces, tanto las defensas como las asesorías jurídicas coincidimos en que no hemos tenido el tiempo para revisar a detalle todo el expediente, por eso no se formuló ninguna imputación, no hubo más avances en esta primera audiencia”, expuso Cristopher Estupiñan, abogado de 14 de las 66 víctimas citadas.
El litigante reveló que las autoridades capitalinas y la fiscalía buscan llegar a un acuerdo “en lo oscurito” con las empresas constructoras sin consultarlos a ellos —como defensa— ni a las víctimas, de quienes dijo, temen una represalia de las autoridades y se han sentido hostigadas por integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.
“Los de la Comisión de Víctimas están buscando resolver este tema con las empresas tras bambalinas, ya estuvieron en contacto con la empresa Carso. Esta empresa firmó un convenio reparatorio con la Ciudad de México, pero no obra en la carpeta los términos de ese acuerdo; por qué no se nos ha instado, porque la comisión busca hacer a un lado la defensora jurídica nulificando así nuestros derechos”, acusó el abogado defensor.
Afuera de la audiencia se quedaron algunas de las víctimas, quienes por cuestiones de espacio no tuvieron acceso a la sala de juicio oral; sin embargo, confiaron en que los abogados lograrán lo más pronto posible un acuerdo para así, de una vez por todas, darle vuelta a la página.
“No pudimos entrar porque ya había mucha gente y no nos registramos a tiempo y ni modo, vamos a esperar a ver en qué queda todo.
“Nosotros ya queremos que esto termine, son muchas vueltas, mucha presión, mucho ir y venir y nada más no se resuelve nada. Mi hijo todavía sigue en silla de ruedas y en sus terapias, no sabemos cuándo ya de verdad todo esto por fin acabe”, contó Maribel, madre de Jorge, uno de los lesionados y quien sobrevivió el día de la tragedia.
