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La discusión y posible aprobación de la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México se aplazó y se reanudaría hasta después de las elecciones en el Congreso capitalino.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó ayer en sesión extraordinaria un acuerdo para no incluir este tema, que quedó pendiente de aprobación la semana pasada, en la sesión ordinaria de este 28 de mayo; asimismo, se dio un plazo de 72 horas para que las comisiones unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de Planeación del Desarrollo estudien las reservas presentadas por la oposición.
Lo anterior significa que este tema tampoco se tocaría en la última sesión del periodo ordinario, programada para el jueves 30 de mayo, pues rebasan las 72 horas.
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“Se habla de un plazo de 72 horas para revisar por parte de las comisiones unidas las reservas, eso implicaría que ya no podría entrar formal y materialmente al orden del día del jueves y la clausura el día viernes; sería ya jurídicamente un hecho que se tendría que posponer esa revisión y su eventual discusión de nueva cuenta hasta un periodo extraordinario, si es que lo hubiese”, comentó el líder de los diputados panistas, Federico Döring.
En este sentido, la diputada morenista Guadalupe Morales confió en que tras las campañas electorales se pueda avanzar en este tema.
“No vamos aceptar nunca las oposiciones o las difamaciones como las que se presentaron en tribuna [el jueves], por supuesto que somos respetuosos y vamos a ser respetuosos en la comisión, pero es de ida y vuelta, queremos ese mismo respeto para poder sacar adelante los programas y me parece que si ya no está el ingrediente de la campaña ahora en la comisión, estoy segura de que se va a avanzar”, dijo.
Al respecto, la presidenta de la Jucopo, Martha Ávila, precisó que se debe analizar este dictamen para tratar de llegar a los acuerdos necesarios y recordó que este aplazamiento se debe a la solicitud que hicieron los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD.
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“Presentemos este proyecto que nos permita poder avanzar en lo que todos hemos expresado, que estamos de acuerdo en lo general y de que haya una buena Ley de Bienestar para la Ciudad de México”, aseveró la líder de los legisladores morenistas locales.
El diputado Federico Döring subrayó que lo más grave de este dictamen no es que se pretenda eliminar a las alcaldías de la toma de decisiones con respecto a los programas sociales, sino que se condicionan los apoyos a la suficiencia presupuestal, es decir, “que se hipotecan”.
Recalcó que el artículo 4 de este dictamen establece que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales “sean progresivamente exigibles mediante un conjunto de normas y procedimientos en el marco de las diferentes políticas y programas ‘y de la disposición presupuestal’ con que se cuente y en consistencia con el principio de progresividad”.
El jefe de Gobierno, Martí Batres, envío una iniciativa de la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México. El dictamen aprobado en comisiones por diputados tuvo modificaciones como la eliminación de la palabra alcaldías, lo que motivó el rechazo de la oposición la semana pasada. Fue aprobado en lo general, pero se reservaron artículos, lo cual está pendiente y será analizado.
