“Amenazas pueden ser antesala de delitos más violentos”, señala fiscal capitalina; proponen reformas para endurecer penas

Las amenazas pueden ser la antesala de delitos más violentos, consideró la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, por lo que afirmó que es una prioridad identificarlas antes de que se cometan otros delitos.

“A veces las amenazas pueden ser la antesala de otro tipo de delitos más violentos, como son las lesiones cometidas, por ejemplo, con arma de fuego u otro tipo armas, y no se diga el homicidio”, dijo.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la titular de la FGJ-CDMX señaló que hay casos de homicidios en los que se han identificado que hubo amenazas previas por lo que “es una prioridad que podamos identificar y perseguir los delitos denunciados de amenazas antes de que se conviertan en una acción mucho más contundente”, dijo.

Al explicar los detalles de la iniciativa que anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para aumentar las penas por amenazas -de uno a dos años de prisión-, la fiscal señaló que se agrava no sólo en los casos de amenaza de bomba o explosivos, sino también amenazas de muerte, con armas de fuego, entre otras.

¿Cuál es la propuesta enviada al Congreso de la CDMX?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, propuso castigar con más severidad las amenazas, y agravar este delito cuando consista en la instalación, uso o detonación de bombas o explosivos en vehículos o instalaciones públicas o privadas.

La mandataria capitalina presentó una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para modificar el Código Penal local con la intención de aumentar las penas por amenazas. Actualmente por este delito se imponen de tres meses a un año de prisión, la propuesta busca que la sanción sea de uno a dos años de cárcel. 

La pena se agravará el triple, es decir, de tres a seis años de prisión cuando la amenaza se realice con armas; cuando el amenazante se ostente como integrante de un grupo criminal; cuando consista en causarle la muerte a algún familiar de la víctima; cuando se amenace con la instalación, uso o detonación de bombas o explosivos; y cuando se amenace a víctimas, testigos, jueces o policías con la finalidad de afectar su participación en un proceso penal.

En su propuesta, la mandataria capitalina argumenta que actualmente el artículo 209 del Código Penal local se limita a sancionar el acto de “amenazar con causar un mal” sin considerar los medios, finalidades o contextos en que se produce. Tampoco contempla las amenazas realizadas a través de medios digitales, con armas o con el propósito de inhibir procesos judiciales. Además, su penalidad resulta desproporcionadamente baja frente al riesgo que implica la amenaza en la escalada de violencias.

“La norma vigente no refleja los contextos contemporáneos de comunicación digital, ni distingue amenazas de diversa gravedad. Tampoco contempla agravantes como el uso de armas, la finalidad de intimidar testigos, o la repetición sistemática de la conducta. La baja sanción carece de efecto disuasivo y genera impunidad en los casos más graves”, se plantea.

LL