La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) consideró que la propuesta para crear la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles no es adecuada, y que primero se tiene que pensar en aprobar la Ley de Ordenamiento Territorial, que está pendiente desde hace varios años.

La asociación compartió con EL UNIVERSAL una postura en la que destaca que el sector inmobiliario reconoce la importancia de impulsar políticas que amplíen el acceso a la vivienda, pero señaló que ya existen ordenamientos que regulan la materia como el Código Civil local, la Ley de Turismo y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

“Lo que actualmente hace falta es la emisión de una Ley de Ordenamiento Territorial que sirva de base para actualizar los programas de planeación de la Ciudad y generar condiciones que faciliten el desarrollo habitacional, principalmente, mediante el crecimiento vertical.

“La ADI ha participado activamente en diversos foros sobre el Bando 1, destacando la necesidad de simplificar los procesos administrativos y actualizar los planes de ordenamiento territorial para impulsar este desarrollo”, expuso.

Ante esto, la ADI consideró que la creación de una ley que imponga un índice de precios de arrendamiento no constituye una solución adecuada, ya que implicaría un control que vulnera la libertad de comercio y el derecho a la propiedad privada, afectando la certeza jurídica y la confianza de los inversionistas.

Recordó que la experiencia internacional muestra que los controles de precios en alquileres tienden a generar efectos contraproducentes a largo plazo, por ejemplo, en Barcelona la implementación de límites en los precios de alquiler impulsó un incremento de 44.9% en los alquileres de corta estancia y una reducción en contratos de arrendamiento.

Esto indica que “parte de la oferta de unidades habitacionales se desvió hacia segmentos más lucrativos. Este ejemplo evidencia que los controles estrictos de precios, sin medidas complementarias que incentiven la producción de vivienda pueden limitar la oferta, frenar la renovación del parque habitacional y dificultar la movilidad de los inquilinos”, dijo.

Por último, recalcó que la gentrificación no se combate deteniendo o limitando el desarrollo, sino promoviendo un crecimiento inclusivo, ágil y responsable.

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