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Si bien las inspecciones que prevé realizar la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México en empresas y lugares de trabajo para garantizar que se cumplan con los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar tienen una buena intención, se podrían prestar a abusos en algunos casos, consideró Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En entrevista con EL UNIVERSAL, el profesor de la Facultad de Derecho de la Máxima Casa de Estudios señaló que en los casos de centros de trabajo o empresas realizar este tipo de inspecciones está totalmente permitido. No obstante, en el caso de domicilios particulares —que es donde habitualmente ofrecen servicio las trabajadoras del hogar— tendría que “identificarse cuál sería el fundamento y la motivación del porqué pretenden ir hasta un domicilio”.
“La Constitución federal en su artículo 16 va a garantizar que nadie puede ser molestado en su persona, en su domicilio, si no es en virtud de mandamiento escrito, que esté debidamente fundado y motivado por parte de una autoridad. (...) Tiene que haber un mandamiento escrito de una autoridad competente, [que] funde y motive la causa de esa inspección, y el hecho de que la autoridad laboral, administrativa, pretenda llegar a un domicilio con base en una queja, me parece que es una línea muy delgada en donde se puede prestar a abusos por parte de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo respecto del domicilio de una persona”, refirió.
En este sentido, destacó que aunque la intención es buena, podría quedar en letra muerta al no existir esa claridad de cómo podrían ingresar a un domicilio.
Por separado, Enrique González, de la Facultad de Derecho de la UNAM, refirió que en el caso de domicilios tendría que haber un convenio con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social federal o un documento que les permita hacer este tipo de inspecciones.
