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La propuesta de creación de la Guardia Nacional genera un doble riesgo para cualquier mexicano. Por un lado, concentra enorme poder, sin mecanismos de control, en Andrés Manuel López Obrador como nuestro próximo presidente. Por otro, transfiere atribuciones sustanciales de autoridades civiles a mandos militares. Este doble aspecto de la iniciativa que Morena presentó en el Senado, ataca de forma esencial el diseño actual de pesos y contrapesos de la Constitución federal y es una combinación letal para la democracia.
Concentración de poder. Cuando se aprobó la Ley de Seguridad Interior, miembros del colectivo Seguridad sin Guerra vimos con preocupación la transferencia de poder excesiva hacia la figura presidencial. Esto es algo que la propuesta de Morena reproduce y agrava.
Vale la pena atender la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se declaró inconstitucional la mencionada ley. Por ejemplo, el ministro José Ramón Cossío argumentó que la Constitución federal da poder al presidente de usar al Ejército en dos supuestos muy puntuales: en casos de declaración de una guerra (artículo 89) y en casos de suspensión de garantías (artículo 29). Ambos escenarios prevén un uso temporal del Ejército bajo controles del Congreso. Cossío concluye que, el uso de las Fuerzas Armadas por el presidente, a pesar de ser jefe supremo de éstas, ha estado acotado históricamente y de ninguna forma puede entenderse como un cheque en blanco.
El plan de Morena de reformar trece artículos constitucionales para crear la Guardia Nacional rompe los controles de los que habla el ministro Cossío. Esto es peligroso. La capacidad para hacer uso de un cuerpo armado de proporciones inéditas, con presencia en todo el territorio nacional, con facultades para someter a autoridades estatales y municipales, colocará a nuestro próximo presidente muy por encima de los poderes constitucionales, federales y sobre cualquier gobernador o presidente municipal.
Militarización. El papel de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz es acotado en el diseño constitucional actual, esto atiende a los parámetros internacionales que llaman a una intervención mínima del Ejército con el fin de proteger las libertades y la vida de la población civil. La democracia es incompatible con la estructura militar. El esquema de un poder castrense sujeto a límites es algo que cambiará radicalmente de aprobarse la reforma constitucional que Morena propone.
Como lo describe Jacobo Dayán en un artículo recientemente publicado, el giro hacia la militarización propuesta en el plan de seguridad de la nueva administración es evidente. La adscripción de la Guardia dentro de la Sedena, la formación de cuerpos a cargo de soldados y marinos y, finalmente, la atribución del mando operativo directo a miembros de las Fuerzas Armadas hacen de esta propuesta una apuesta al control militar del territorio y una capitulación del poder civil.
El papel del Congreso Federal. Morena carece de la mayoría calificada para reformar la Constitución federal. Todos los miembros del Congreso tienen la responsabilidad ineludible de entablar una discusión de fondo antes de alterar para siempre nuestras coordenadas constitucionales. Están a tiempo de corregir el rumbo y coartarle el paso a un gobierno de concentración de poder en una sola persona con respaldo militar. La República democrática no se debe perder en la cuarta transformación, aunque tenga la buena intención de darle seguridad a un país.
@LaydaNegrete
