La bancada del Partido Revolucionario Institucional ( PRI ), exigieron al Gobierno federal un informe completo sobre la repercusión y los beneficios de invertir en infraestructura para que el Estado venda gas LP al menudeo, a través de la llamada empresa estatal .

A través de un Punto de Acuerdo presentado a la Comisión Permanente del Poder Legislativo, solicitaron que sea la Secretaría de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor quienes presenten el estudio.

Dicho análisis, explicaron, debe incluir la evolución del precio en el mercado "a fin de determinar si existe un diferencial entre los precios de venta a las gaseras y al público"; las acciones emprendidas para controlar y sancionar a las empresas gaseras que distorsionan el valor del producto, en detrimento del consumidor; y el estudio de mercado e impacto económico sobre el que se sustenta la creación de la nueva paraestatal.

Las y los legisladores, recordaron que el 81 por ciento del gas que consumen los mexicanos es importado y su precio está determinado por el mercado internacional, pero en México, por el descuido institucional, el gas LP se ha encarecido drásticamente en más de 38 por ciento, desde 2018 hasta abril de 2021.

“Si queremos resolver el problema de fondo, evitar que las gaseras abusen, terminar con sus prácticas oligopólicas, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia Económica, no deben renunciar a su capacidad legal de regular el mercado y sancionar a las empresas que lo distorsionen contra los consumidores. Desde el inicio de la actual administración, se han relajado las medidas de investigación y sanción, privilegiando a las compañías involucradas”, sentenciaron.

Aseguraron que en vez de intervenir como competidor directo en el mercado donde, por cierto, ya existen más de seis mil 500 permisionarios de gas LP, el gobierno debe asumir su responsabilidad.

También pidieron tener presente las advertencias de varios institutos y organismos, entre ellos, la Plataforma México Clima y Energía, misma que advirtió que la paraestatal Gas Bienestar "no es la mejor estrategia, debido a que en infraestructura -como camionetas repartidoras, cilindros y terminales para almacenar el gas-, se deben invertir, al menos, 11 mil millones de pesos y Pemex deberá asumir los costos y los subsidios, lo que provocará más deuda".

En tanto, el Instituto Mexicano para la Competitividad, señaló que "una empresa así acabaría destruyendo el mercado, por las condiciones asimétricas que se generarían, y al final de cuentas le costaría miles de millones de pesos al Estado mexicano.

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