Laisha Michelle Oseguera González mantuvo una batalla legal durante casi cinco años para recuperar una propiedad que el gobierno mexicano le había asegurado. Su argumento ante tribunales fue relativamente sencillo: ser hija de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “Mencho”, no era prueba suficiente para demostrar el uso de dinero ilícito. En febrero de 2024, un juez de Baja California le dio la razón y liberó una casa que la Fiscalía General de la República (FGR) había retenido desde 2017; una vivienda ubicada en una exclusiva zona de Tijuana, que estaba bajo el resguardo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
La propiedad había sido asegurada tras una acusación de lavado de dinero en contra de su madre Rosalinda González Valencia, pero la defensa de Laisha argumentó que la casa fue adquirida a su nombre cuando ella era menor de edad, y que su madre solo actuó como gestora de la compra. También demostró que la FGR no tenía pruebas para sostener el uso de dinero ilegal, o que en el lugar se cometió algún delito.
Ahora, la hija menor de El Mencho, el temido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mantiene otro juicio abierto para intentar recuperar una segunda residencia.
En la última década, diversas personas y empresas vinculadas con el CJNG han logrado recuperar propiedades aseguradas en México, descongelar cuentas bancarias y mantener activas más de una centena de compañías en el país.
Los fallos en contra de las autoridades financieras se han conseguido, incluso, cuando los señalados se encuentran recluidos en prisión, son objetivos prioritarios del gobierno federal o están acusados de cometer crímenes de alto impacto.
Para este trabajo se tomaron en cuenta los listados y boletines emitidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Desde 2015, la Oficina ha señalado a 87 personas físicas y 125 morales de colaborar, en distintos niveles, con el lavado de activos del CJNG. En el análisis del reportaje también se incluyeron 33 personas físicas vinculadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En total: 245 individuos y entidades ubicadas como parte de la estructura financiera del Cártel.
Tras una revisión, se encontró que apenas 21 personas, el 17% de los individuos mencionados, están detenidos o han cumplido una condena, ya sea en México o en Estados Unidos.
El rastreo de las 125 compañías enlistadas por la OFAC revela que al menos ocho empresas propiedad de familiares de El Mencho y Los Cuinis han obtenido amparos judiciales para descongelar sus cuentas. En dos casos han conseguido que la FGR retire los aseguramientos de sus bienes.
De esas 125 empresas boletinadas solo 12 han cerrado sus operaciones oficialmente; el resto continúa activa ante la Secretaría de Economía mexicana.
También se encontró que cuatro gasolineras vinculadas a una red de combustible robado, delito conocido como huachicol, operan con permisos vigentes de la Comisión Reguladora de Energía (actual Comisión Nacional de Energía) en los estados de Colima y Veracruz.
La OFAC ha acusado al CJNG de utilizar inmobiliarias, gasolineras, constructoras, casas de cambio, compañías agrícolas, de servicios turísticos, restaurantes y despachos de asesoría fiscal y contable, entre otros, para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas, cometer fraudes inmobiliarios y para el robo y venta de gasolina ilegal. El registro incluye a traficantes de armas, productores de fentanilo y metanfetaminas, y a 16 personas vinculadas a una red de fraude inmobiliario en Puerto Vallarta.
En el listado destacan los nombres de fundadores del CJNG y de los líderes regionales en Jalisco, Colima, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas. También están boletinados 15 hermanos González Valencia y sus esposas, todos integrantes del grupo Los Cuinis, considerado por Estados Unidos como el brazo financiero de la estructura criminal.
Los señalamientos de la OFAC de poco han servido en México. Desde 2018, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación restringe las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas con base en solicitudes extranjeras. En 2024, el máximo tribunal endureció más los requisitos, dificultando las acciones contra personas señaladas por organismos internacionales como la OFAC.
Tras casi dos décadas de persecución en México y Estados Unidos, el brazo financiero del CJNG se mantiene prácticamente intocable.
La información de este reportaje se sustenta en documentos públicos del Departamento de Tesoro de Estados Unidos; sentencias públicas del Consejo de la Judicatura Federal; consultas en el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía y archivos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, divulgados a través de la megafiltración “Guacamaya Leaks”.
Perseguidos por el Ejército, impunes ante la UIF
En un informe de inteligencia de la Sedena titulado “Financiero” se revelan bienes atribuidos a Karely Lizbeth Ramírez Bañales, señalada como pareja sentimental de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, uno de los líderes del CJNG con dominio en Nayarit y presencia en algunas regiones de Jalisco, Guerrero, Michoacán y Zacatecas.
El expediente muestra imágenes satelitales, planos arquitectónicos y fotografías de un auto de lujo valuado en más de 3.5 millones de pesos. También detalla una residencia de 643 metros cuadrados ubicada en un exclusivo complejo residencial al oriente de Tepic, Nayarit.
El Jardinero es buscado en México por un enfrentamiento en 2015 que dejó 15 policías muertos en Jalisco, y por el homicidio de tres soldados en 2023. La Sedena lo ubica entre los posibles sucesores de El Mencho. En Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) lo investiga por tráfico de cocaína y heroína y ofrece cinco millones de dólares por su captura.
Pero mientras el capo se mantiene prófugo, su pareja da la pelea en los tribunales. En junio de 2020 interpuso un juicio de amparo para ser eliminada de la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF y recuperar el acceso a dos cuentas bancarias congeladas. Ella había entrado al listado como parte del Operativo Agave Azul, lanzado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que congeló mil 939 cuentas bancarias ligadas al CJNG por movimientos financieros sospechosos que superaban los 20 mil millones de pesos.
Después de cuatro años de litigio, en febrero de 2025, Karely ganó la batalla legal. Un Tribunal Colegiado declaró inválidos los efectos de Agave Azul.
En la sentencia pública se detalla que la UIF justificó el bloqueo con una supuesta solicitud de la DEA, sin embargo, la defensa de Karely logró demostrar que la agencia estadounidense únicamente había pedido información sobre sus movimientos, no una acción directa de congelamiento.
En un documento de inteligencia de la Sedena se muestra un vehículo de lujo valuado en más de 3.5 millones de pesos, propiedad de Karely, presunta pareja de Audias Flores, alias El Jardinero. Crédito: Correos electrónicos de Sedena filtrados por el Grupo Guacamaya.
Con ese mismo argumento otros personajes vinculados al CJNG y considerados por la Sedena como “Objetivos Generadores de Violencia” le han ganado a la UIF la batalla por el dinero. Por ejemplo, en diciembre de 2023, César Enrique Díaz de León, alias “El Lobito”, jefe de plaza de Manzanillo, Colima, logró que se descongelaran sus cuentas bancarias y que se eliminara su nombre del listado, debido a que la UIF no demostró una solicitud explícita de la DEA para congelar sus cuentas. Díaz de León también había entrado al Listado de la UIF a partir del Operativo Agave Azul, según se puede leer en la sentencia pública. La Sedena clasifica a El Lobito como un “blanco generador de violencia” en Manzanillo. La OFAC lo acusa de mantener contacto con proveedores de cocaína en Colombia y de coordinar operaciones de narcotráfico a través del puerto de Manzanillo.
Otro caso es el de Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, alias “El Árabe”, otro alto mando del CJNG. En junio de 2020, El Árabe interpuso un amparo para desbloquear sus cuentas bancarias, pero en marzo de 2021 fue detenido por la Marina Armada de México en Zapopan, Jalisco, acusado de operar redes de narcotráfico con destino a Estados Unidos. El amparo por la defensa de su dinero siguió su curso y el juicio se resolvió a su favor en septiembre de 2023 porque la UIF no presentó pruebas suficientes ni siguió el debido proceso para el bloqueo de las cuentas, según se lee en la sentencia. El fallo llegó mientras se encontraba recluido en una prisión federal mexicana.
Un caso similar es el de Francisco Javier Gudiño Haro, alias “La Gallina”, jefe de plaza del CJNG en Puerto Vallarta. Según la Sedena, La Gallina estuvo al frente de “Los Deltas”, uno de los brazos armados del Cártel con presencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y en 2020 habría participado en los atentados contra el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, y del entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, actual secretario federal.
Aunque el Departamento del Tesoro lo señaló como uno de los autores intelectuales de ambos ataques, en octubre de 2021 La Gallina logró desbloquear dos cuentas bancarias y dos fideicomisos; también eliminó su nombre del listado de la UIF.
La lista de personajes vinculados al lavado de dinero es amplia. En una designación de la OFAC emitida en septiembre de 2024 se expuso una nueva red de robo de combustible en Veracruz dirigida por Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, su hermano César Cazarín Molina, alias “Tornado” y su suegro Domingo Medina Díaz, alías “El Mingo”. La OFAC enlistó a nueve personas físicas y 26 compañías como parte de este entramado.
Según las autoridades norteamericanas, “El Tanque” y sus familiares operan el negocio del huachicol desde una cárcel en Veracruz, donde están recluidos desde 2016. La red funciona a través de gasolineras legítimas que venden combustible robado en Veracruz y en Texas.
Iván Cazarin, alias El Tanque, fue señalado de operar una red de 26 compañías gasolineras que venden combustible robado. Crédito: Boletín del Departamento del Tesoro de EU.
Sin embargo, según reportes consultados para este trabajo, dos de las compañías que integran esta red, Maxi-Gasoil Servicios SA de CV y Multiservicios en Combustible Maye de Veracruz SA de CV, aún conservan permisos vigentes de la Comisión Reguladora de Energía (actual Comisión Nacional de Energía) para vender gasolinas.
En enero de 2025, cuatro meses después del señalamiento que la OFAC realizó en conjunto con la UIF, Máquinas EDJA SA de CV, una de las 26 empresas boletinadas, consiguió un amparo para liberar sus cuentas bancarias. Actualmente, la UIF sigue peleando en los juzgados para revertir la resolución.
Los Cuinis, al rescate de su fortuna
Mientras que en Estados Unidos Gerardo González Valencia fue condenado a cadena perpetua por tráfico de cocaína movida desde Sudamérica, en México su esposa Wendy Amaral Arévalo logró reactivar HD Collection SA de CV, una constructora en Zapopan, Jalisco, cuyo aseguramiento fue cancelado por la FGR en marzo de 2025, tras 10 años de inhabilitación.
González Valencia fue uno de los líderes de Los Cuinis, el brazo financiero del CJNG, grupo delictivo formado por al menos 15 hermanos de Rosalinda, esposa de El Mencho.
La FRG retiró el aseguramiento de la empresa HD Collection SA de CV, vinculada a “Los Cuinis”, lo que permite a la compañía realizar sus operaciones de forma regular. Crédito: Registro Público de Comercio.
Los hermanos González Valencia, sus esposas y compañías, conforman el grupo más amplio identificado por la OFAC en la última década. Un total de 24 personas y 44 empresas vinculadas a la familia política de El Mencho.
“Los Cuinis” actúan como un bloque financiero y de lavado de dinero para el CJNG con operaciones en Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica, según reportes de inteligencia de la Sedena. La mayoría de las empresas identificadas por la OFAC son del giro inmobiliario, restaurantero y de comercio.
Los hermanos González Valencia, sus esposas y sus operadores han sido señalados por la OFAC desde 2015. Crédito: Boletín del Departamento del Tesoro de EU.
Aunque varios de los hermanos González Valencia se hallan en prisión, sus esposas continúan la batalla por recuperar el dinero y las propiedades. Otro triunfo reciente lo consiguió Ana Paulina Barajas Sahd, esposa de Ulises Jovani González Valencia, detenido y sentenciado en 2020 en México por delitos contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.
Tras una lucha legal por casi seis años, en febrero de 2024, Ana Paulina logró que se liberaran tres cuentas bancarias, dos tarjetas de crédito Oro y Platinum y una tarjeta de débito que la UIF le había congelado desde mayo de 2019.
El mismo beneficio lo consiguió Jeniffer Beaney Camacho Cázares, esposa de Abigael González Valencia, líder y fundador de Los Cuinis, preso en México desde 2015 y con una solicitud de extradición a Estados Unidos. La OFAC ha enlistado, al menos, 24 compañías de la pareja. Actualmente, seis empresas han cerrado sus operaciones en México y 18 continúan activas. De las que se mantienen en funcionamiento, cuatro lograron desbloquear sus cuentas bancarias. Una de estas compañías, Gbj de Colima SA de CV, mantiene un permiso vigente para vender gasolina de Pemex en Colima.
El permiso para vender gasolina de GBJ de Colima SA de CV fue otorgado en diciembre de 2015 y tiene una vigencia de 30 años. En el Registro Público de la CRE aparece con estatus vigente. Crédito: Comisión Reguladora de Energía.
En una tarjeta informativa enviada por la Unidad de Inteligencia Financiera, tras una solicitud de entrevista para este reportaje, su titular, Pablo Gómez Álvarez, criticó que las resoluciones del Poder Judicial limitan la capacidad de la dependencia para combatir el lavado de dinero.
“Los amparos no entran al fondo. Se conceden de acuerdo con una jurisprudencia de la Segunda Sala de la SCJN que condiciona los bloqueos a ‘solicitudes expresas’, procedentes del extranjero. Los supuestos juicios de amparo no lo son en realidad”, reclamó Gómez Álvarez.
Entre enero de 2018 y marzo de 2025, la UIF ha congelado 32 mil 500 millones de pesos relacionados con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, el 88% de ese dinero fue desbloqueado por decisiones de jueces, autoridades administrativas o, en menor medida, por la propia UIF.
De forma contradictoria, la mayoría de las personas físicas y morales que lograron desbloquear sus cuentas bancarias y acceder a sus recursos, aún continúan en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.