La lucha por preservar los ecosistemas biodiversos es el espejo en el que se miran dos comunidades en lados distintos de la frontera entre Ecuador y Perú. Sus habitantes desconocen que existe una comunidad con similares logros, como la creación de áreas protegidas locales, a escasos 40 kilómetros entre la línea limítrofe, y con similares dificultades por sortear.
Una historia de resiliencia en la que campesinos intentan hallar alternativas sustentables con escasos recursos y poca presencia del aparato estatal.
Una suerte de invasión se cierne en la línea de frontera entre Ecuador y Perú, una zona que históricamente ha sido testigo de cuatro episodios bélicos por extensiones de territorio. Pero esta lucha, que ha trascendido desde hace más de 50 años, nada tiene que ver con armas de guerra, vehículos blindados o tropas uniformadas. Más bien, involucra al ser humano y su huella destructora en zonas de bosque primarios y ríos cristalinos, ahora en riesgo.
Las amenazas a la vida silvestre están latentes en el límite político imaginario, que se extiende por poco más de 1.500 kilómetros. Allí cohabitan cientos de especies de flora y fauna —como el puma y el oso de anteojos— muchas de ellas en peligro de extinción por la pérdida de vegetación y contaminación de fuentes de agua; a causa de la deforestación, minería, caza y otras actividades humanas.
Por ejemplo, en Ecuador, el apetito por la madera, el petróleo y el oro ha mermado la cobertura de bosques naturales. Del 2014 al 2022, el país sudamericano ha perdido 133 mil hectáreas de bosque nativo, según los registros del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). Un equivalente aproximado a lo que ocuparían 186 mil canchas de fútbol.
Los remanentes de vegetación nativa tienen mayor presencia en el oriente, en las provincias amazónicas, donde también se multiplican los pozos petroleros y la minería legal e ilegal, una realidad compartida con Perú.
Un estudio de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) sobre la pérdida de bosque ocurrida entre 2001-2020 da cuenta del avance de la deforestación en ambas naciones: 623 mil hectáreas, en Ecuador; y, 2,9 millones de hectáreas, en Perú.
Las actividades extractivas han desencadenado problemas ambientales y sociales, que han registrado la academia, organizaciones ambientales y miembros de comunidades. Para el ingreso de petroleras se abren carreteras a sitios inhóspitos, que terminan siendo usados también para otros fines. Con el tiempo, esas carreteras parecen dibujar el esqueleto de un pescado, por los caminos secundarios que han aparecido verticalmente desde la vía principal, producto de la tala e invasión de colonos. Eso se evidencia desde vuelos o drones de monitoreo.
La fiebre por el dinero fácil también hace sucumbir a habitantes locales de poblados que conviven con ríos, como en el caso de la minería, y con ello aparecen mercados negros y negocios opacos.
Pese a que las autoridades e instituciones de ambos países han implementado algunas medidas de protección y cuentan con una red de áreas de conservación, esto no ha sido suficiente y ha trasladado, indirectamente, esa responsabilidad a otros actores que no cuentan con capacitación ni recursos necesarios.
No obstante, en varias zonas de esos países, donde el verdor de la naturaleza sobrevive, hay comunidades que siguen al pie de la letra el mandato de sus ancestros de conservar la naturaleza. También hay otras poblaciones que han repensando su presencia en el territorio.
Ese es el caso del pueblo ecuatoriano de San Andrés y de la comunidad peruana de Huancabamba. Aunque están en países distintos y sus habitantes desconocen que del otro lado de la frontera comparten sus ideas de preservación, su ubicación es tan próxima que solo los distancian unos 40 kilómetros en línea recta. Caminan acompañados —sin saberlo— por la vía de la conservación, sorteando las dificultades que aquello representa.
Por un lado, en San Andrés tratan de sanar al planeta. Campesinos y gobiernos locales de la provincia de Zamora Chinchipe se unieron en la búsqueda de ayuda en organizaciones no gubernamentales para crear áreas de protección por la vía formal. A la par, decenas de pobladores cercaron sus tierras para conservar los microbosques que seguían en pie, de facto, es decir, más allá de la ley ambiental.
En Piura, comunidades campesinas participaron en la creación de áreas de conservación privadas, espacios reconocidos por el Estado para la administración y cuidado del ambiente. La comunidad de Segunda y Cajas, de Huancabamba, se organizó para darle cara a la actividad minera que busca instalarse en sus territorios y que dejó un costo alto por varias vidas perdidas.
Son poblaciones que, sin saberlo, se están mirando en el espejo de la conservación y la resiliencia. Y hoy, más que nunca, necesitan acompañarse en su lucha.
ECUADOR
El Valle de San Andrés y su radical forma para recuperar su bosque
La deforestación ha dejado cicatrices en el corredor montañoso de las provincias fronterizas de Ecuador con Perú. Sin embargo en una población de páramo y bosque montano, sus habitantes decidieron dar un respiro indefinido a la naturaleza con el cuidado radical de sus microbosques.
En el Valle de San Andrés era normal que lloviera quince días ininterrumpidos, sin que los rayos del sol pudieran penetrar las nubes. Pero eso es cosa del pasado.
El vapor de una olla de café sube hasta el techo de lata de una modesta casa en la parte baja del valle. La nebulosa genera un efecto de transición visual, al que solo le falta un interludio de arpa, para que el relato de las lluvias de antaño de doña Esther Guerrero, una anciana de 80 años, se perciba como un viaje en el tiempo. “Parecía que el techo se caía. Daba miedo”, recuerda.
Pero, según su memoria, el clima cambió para siempre en este punto de la provincia oriental de Zamora Chinchipe, de Ecuador, fronteriza con Perú. “Ahora llueve poco”, dice la octogenaria atribuyendo el cambio a los efectos del “hambre” desmedida de madera y tierra de los colonizadores del valle.
Una nueva mirada al bosque
Aquí se han cambiado el chip para proteger los microbosques, por mano propia. En la actualidad, decenas de campesinos, como doña Esther y su hija Marisol, como Wilman Jiménez o José Jiménez, decidieron cercar sus predios, donde aún hay parches de bosque, para preservarlos, para que sigan atrayendo lluvia a la zona.
Esa agua baja por los troncos de los árboles, se filtra por el musgo y el suelo, finalmente llega al río Isimanchi, que alimenta al Mayo o Chinchipe, que atraviesa la frontera y riega los departamentos peruanos de Piura, Cajamarca y Amazonas. Por eso la importancia de cuidar este ecosistema.
“Cuando hay alguien quien cuide, la gente respeta”, dice José Jiménez, de 81 años, para enfatizar el papel de los parroquianos en el cuidado del ecosistema. Mientras nos guía por un camino de tierra que corta un riachuelo, cuenta que desde hace unos 15 años conserva 30 hectáreas de bosque, de su propiedad, en una montaña que se levanta a espaldas de su casa.
Hasta hace una década, él criaba ganado, una actividad por la que una vez al mes tenía que movilizar a cierto número de reses de San Andrés a Guayaquil, unos 445 kilómetros de recorrido. El negocio dejó de ser rentable y su cuerpo se cansó de hacerlo. Por ello decidió una vida más tranquila, aunque eso ha representado que su economía se reduzca a tener ingresos solo por la renta de alquiler de unas habitaciones y la gestión de una tiendita de abarrotes.
José fue, también, presidente de la Junta Parroquial de San Andrés, una forma de gobierno local, entre 2007 y 2009. En ese último año, la comunidad decidió buscar ayuda ante el evidente daño de la deforestación y cambio de clima que se percibía con mayor incidencia. Tocaron la puerta de la organización Naturaleza y Cultura (NCI) y del Municipio de Chinchipe.
La entidad privada los ayudó con asistencia técnica, para elaborar estudios e informes, y la institución pública impulsó la creación del Área de Conservación Municipal San Andrés, en 2009 y 2010, en ese mismo orden. Desde ese último año, unas 4.700 hectáreas se preservan bajo esa figura de protección. Esos solo han sido los primeros pasos.
Un viaje a lo profundo
El valle de San Andrés está a unas 17 horas por vía terrestre desde la ciudad puerto de Guayaquil, la segunda localidad más importante del país sudamericano después de Quito. A medida de que se acortan las distancias, el camino cambia de pavimento a asfalto, y de asfalto a tierra. El tramo final de tres horas, se hacen entre rancheras y camiones que se adentran en caminos montañosos de cuatro metros de ancho.
En uno de ellos viaja María Jiménez, quien se dirige a Los Rubí, un caserío en la mitad del camino. La neblina oculta por ratos la profundidad del abismo, que se ve de ambos lados del vehículo. La altitud de las montañas más altas de la provincia rondan los 3 mil metros sobre el nivel del mar.
Las cicatrices de la deforestación marcan la ruta que lleva al Valle de San Andrés. Son rastros de la quema de vegetación, como parte de una práctica para ‘limpiar’ los terrenos para sembrar cultivos o para extender el espacio del futuro pasto que se dará al ganado.
En el camino que une a las provincias de Loja y Zamora es notorio el paso de camiones que llevan troncos de gran circunferencia, así como la presencia de aserraderos al pie de la vía.
“Muchos finqueros (habitantes de las montañas) han cortado los árboles. Ya quedan pocos de los árboles más grandes. Ahí hacen invernas (construcciones para guardar ganado)”, comenta María.
Según los registros del Ministerio del Ambiente, la deforestación tiene una clara tendencia a nivel nacional: en 2016, 94.353 hectáreas de deforestación bruta; 2017, 82.529 ha; 2018, 82.529 ha; 2019, 91.692 ha; 2020, 91.692 ha; 2021, 95.570 ha; y, 2022, 95.570 ha. Del 2016 al 2022, se han perdido 633.935 hectáreas, es decir, una extensión que ocuparían 887 mil campos de fútbol. Del total un 10% aproximadamente corresponde a Zamora Chinchipe.
Deforestación en Ecuador por hectáreas (2016-2022)
¿Y el Estado?
Para combatir la tala ilegal de bosque, las autoridades aseguran, en una respuesta para este reportaje, que realizan inspecciones a cargamentos, en vías y en los destinos finales, en el país. Según la institución, en 2021, se incautaron 7.430 metros cúbicos; en 2022, 12.595; y, en 2023, 10.549 de tala ilegal o que no contaba con documentos de sustento.
Sin embargo, cuando se analizan las cifras aterrizadas en la provincia de Zamora, en 2023, el volumen es escaso: 4 metros cúbicos, en 13 operativos ejecutados.
Así también, la entidad destaca los proyectos Socio Bosque y REDD+ Ecuador, que consisten en otorgar pagos a quienes preserven los árboles de su propiedad u otros objetivos fijados en un compromiso con los dueños de los bosques.
Flora y fauna en abundancia
La llegada del camión al pueblo es una novedad porque solo hay dos frecuencias por día, en la mañana y en la tarde. Ancianos y niños se asoman por las ventanas de las coloridas casas de construcción de madera, que están asentadas cerca de una quebrada, como esperando que llegue algún familiar, conocido, extraño o una encomienda.
En la parroquia San Andrés viven unas 460 personas, según el último censo de Salud de 2023. Ellos relatan la riqueza de la fauna que han avistado en la zona a lo largo de los años.
“En las faldas de las montañas se han visto a los leones”, dice Marisol Calva en referencia al puma (Puma concolor). Ella vive junto a una de las calles principales de San Andrés y se da un espacio de su jornada como empleada de limpieza de la parroquia para contar que antes había más avistamientos de osos de anteojos (Tremarctos ornatus), pumas, tigrillos (Leopardus tigrinus), dantas (Tapir, Tapirus), sahinos (Pecari tajacu), especies que integran el listado internacional de animales en riesgo o en peligro de extinción.
“En el caso de los mamíferos, las áreas de vida, es decir, las zonas donde un individuo va a moverse son grandísimas. Mientras más grande es el individuo necesitará más áreas para moverse”, explica Diego Cisneros Heredia, docente de Biología y director del Instituto de Biodiversidad Tropical, de la Universidad San Francisco de Quito.
La población de aves es otro universo animal en San Andrés, que se mueve en las copas, troncos y ramas de los árboles. Los colores de los pájaros se confunden con las hojas y flores de la vegetación. Una pandilla de arrendajos comunes (Cacicus cela) salta de una rama a otra, están inquietos, se comunican con ciertos sonidos. Los pájaros carpinteros (Carpintero Lineado-Dryocopus lineatus) también dejan sus marcas en este valle biodiverso, con hoyos en los troncos. Solo una muestra de las 153 especies registradas en esa zona de Zamora Chinchipe, según los registros del gobierno provincial.
La flora también es abundante en este punto del Oriente ecuatoriano, que comparte características de paisajes andinos y amazónicos. Según los registros oficiales de la provincia, en la zona considerada de “bosque siempre verde montano alto”, se han cuantificado unas 81 especies endémicas, pertenecientes en su mayoría a la familia de las orquídeas (Orchidaceae).
Un pueblo amurallado
El cantón Chinchipe, de la provincia de Zamora Chinchipe, tiene cinco parroquias (formas de gobierno local): Zumba, la parroquia urbana, y cuatro parroquias rurales, El Chorro, La Chonta, Pucapamba, Chito y San Andrés.
Esta última se muestra amurallada por la cadena montañosa; eso, además de la distancia con relación a Zumba, unos 25 kilómetros montañas adentro. Mientras que las otras parroquias están a una distancia de 8 a 18 kilómetros, y la mayoría se ubica en la vía principal.
Chito es una de las poblaciones que está siendo afectada por la minería ilegal, que se camufla con el membrete de minería artesanal, aunque sus herramientas son industriales, como dragas, transportadoras del material y generadores de energía eléctrica.
Desde hace unos cuatro años, en ese lugar se vive la fiebre del oro. Menores de edad, jóvenes, adultos, adultos mayores, hombres y mujeres, viajan a ese punto para “janchear”. Así le llaman al oficio de buscar oro en la tierra que extrae la draga o que sacan con pico y pala de ríos. Una persona puede ganar USD 50 o más por cada gramo de oro, según el precio que manejan los quioscos de compra del mineral en esa localidad.
Los ingresos son altos y el precio para la naturaleza también. Esa actividad ha destruido el lecho de ciertos tramos del río Mayo y el agua se ha contaminado por el uso de carburantes para las máquinas.
Mirarse en el espejo
En San Andrés se miran en el espejo de Chito. Por ello, la comunidad está alerta a cualquier actividad que se desarrolle en el río Isimanchi, que atraviesa su parroquia. El agua de este afluente, a diferencia de otros de la provincia, es cristalina. El viernes 8 de diciembre pasado, un individuo de Pato Real, de plumas negras y blancas, descansaba en una de esas piedras.
“Enseguida avisamos a los policías”, dicen habitantes de la parroquia, como parte del protocolo de vigilancia.
En San Andrés han optado por otras alternativas de subsistencia que en la fase de proyección esperanzaron a pobladores, como el cultivo de truchas, pero que en la práctica hay vacíos que comprometen su endeble economía.
En una de las tardes lluviosas de diciembre, Wilman Jiménez, de 45 años, cuenta que tiene problemas para hallar mercado fijo para la producción de truchas que cultiva con un socio.
“Ahorita estamos estancados con el producto. Hay un vacío en la conexión entre el productor y el mercado. Una organización o el mismo Estado podrían ayudar a conseguir mercado. Al igual que él, otros campesinos señalan la necesidad de capacitación, tecnificación para alejar cualquier plan B que pueda afectar al ecosistema.
La ruta de la conservación
En Ecuador rige el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que comprende más de 70 zonas de conservación, que suman unos 26 millones de hectáreas (el 19% del territorio nacional bajo conservación). También está integrado por subsistemas, otras categorías y figuras de protección, como las áreas protegidas privadas y las áreas protegidas de los gobiernos autónomos descentralizados.
En San Andrés podría decirse que existen áreas protegidas de facto o de hecho, aquellas que han sido definidas por cada parroquiano, por su cuenta. No obstante, por la vía formal, desde la Junta Parroquial y el Municipio de Chinchipe, se han impulsado iniciativas de protección del medioambiente.
En 2010 se creó el Área de Conservación Municipal de San Andrés, a través de una ordenanza, cuya superficie asciende a 4.700 hectáreas.
Doce años después, a finales del 2022, la protección aumentó en la zona con la ampliación de otra reserva, el Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible del Cantón Chinchipe, a 35 mil hectáreas, unos 49 mil campos de fútbol para referenciar esa superficie.
“Nuestra meta es que el área pertenezca al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo cual nos garantizará ese mejor cuidado que se quiere”, explica Diego Abad, presidente de la Junta Parroquial de San Andrés.
Sin embargo, esa meta podría demorar un poco más de lo presupuestado.
“Es muy burocrático, por la importancia que tiene a nivel constitucional considerar un área protegida”, explica Cristina Melo, coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de Fundación Pachamama, que asiste a comunidades ancestrales en la creación y protección de reservas.
En contraparte, la abogada destaca las iniciativas locales que por mano propia han establecido puntos o áreas de protección, que en volumen podrían sumar grandes extensiones de bosque y, a su vez, incentivar a más campesinos, finqueros y comunidades a crear corredores biológicos.
Un gran santuario natural
A nivel macro se cocina a fuego lento un puente biológico entre Ecuador y Perú.
La organización Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) que brindó apoyó técnico en la creación de la reserva de San Andrés también colabora con las dos naciones en el proyecto de Corredor de Conectividad Andino – Transfronterizo, con el que se busca proteger más de un millón de hectáreas entre Ecuador y Perú.
El proyecto nació en 2019, a partir de una declaración presidencial mutua. Según el Ministerio del Ambiente de Ecuador, en 2022, se estableció el número de hectáreas pertenecientes a ambas naciones y los respectivos porcentajes correspondientes a las unidades de conservación que integrarán el corredor.
Según la planificación oficial, en este año se trabajará en la validación o reajuste de los límites, en la propuesta del modelo de gestión y en el plan de acción al 2024, con los actores e instituciones locales.
Mientras se definen esos detalles en oficinas y despachos a centenas de kilómetros de las zonas naturales, en el monte, laderas y riberas de ríos, los ojos y oídos de Esther, Marisol, Wilman y José seguirán vigilantes ante cualquier riesgo que aceche a los microbosques.