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Morelia.— A dos semanas de que escaló la violencia en el municipio de Parácuaro, unas 100 familias tuvieron que abandonar sus viviendas en las comunidades de Ordeñitas, Maravatío y El Tepehuaje.
Parácuaro se encuentra situado en la zona de Tierra Caliente, a unos 20 kilómetros de Apatzingán, región que disputan los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras y reductos de Los Caballeros Templarios.
En Ordeñitas, a 35 kilómetros de la cabecera municipal, los negocios y escuelas están cerrados. Sólo se ve el rondar de hombres armados, corroboró EL UNIVERSAL en un recorrido por esa zona. Los otros dos pueblos están en la misma condición.
Hay un conflicto por el control del territorio, señala el párroco de Parácuaro, Adrián Alejandre Chávez, aunque dice desconocer entre qué grupos criminales.
“Lo que sí conozco y me consta son los enfrentamientos que se dan de un grupo de aquí del pueblo con otro grupo que no sé quién es, de dónde viene y qué pretenda, pero los afectados son las personas que han sido desplazadas”, menciona.
Autoridades del lugar confirmaron que son cerca de 100 familias las que se han desplazado por la violencia en la zona.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Martín Godoy Castro, señala que la violencia no cesará hasta que los criminales así lo decidan. “Mientras se estén peleando dos células, esto va a continuar o hasta que decidan dejar de pelearse, de agredirse, o uno elimine al otro”.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) hizo un llamado urgente a las autoridades locales para que atiendan a la brevedad este fenómeno que ha obligado al desplazamiento de familias.
Señala que el alejamiento forzado de personas es una violación a los derechos humanos y se traduce en violaciones al derecho a la vida, la integridad, la libertad personal y la seguridad pública.
Y “conlleva violación a otros derechos, como a la propiedad privada y al domicilio, cuando están implícitos la destrucción o el abandono de las tierras, propiedades y viviendas de los afectados”.
En casa ajena. Leonorilda —nombre ficticio por seguridad— vive en esa zona donde actualmente hay pueblos fantasma, platica que “los habitantes en su mayoría son gente buena, honesta y dedicada al campo, pero optaron por abandonar sus hogares por la violencia que ha generado la guerra entre cárteles”.
Afirma que familias enteras tuvieron que pedir asilo con algún pariente o amigos, que residen principalmente en la cabecera municipal, localizada a 195 kilómetros de la capital michoacana, en lo que pasa la situación de inseguridad.
La joven señala que la violencia en buena parte es porque el jefe de plaza es originario de esa zona, por la instalación de narcolaboratorios, y la rivalidad entre cárteles.
“Pues es que hay muchos intereses: las cuotas que cobran a los aguacateros, al municipio, a los comerciantes y en general. Son unos parásitos para la sociedad todos los cárteles”, agregó.
Elisa, otra mujer desplazada, narra que con su familia tuvieron que refugiarse en un municipio cercano a Parácuaro. “Salimos de El Tepehuaje por temor a quedar entre el fuego cruzado y ser alcanzados por los estruendosos disparos de las armas de fuego de alto poder de los criminales”.
Su comunidad es un campo de batalla y la mujer de 24 años de edad, junto con sus seres queridos, dejó todo para salvar su vida; espera el cese al fuego para poder regresar a su casa y a su vida normal.
“Estamos viviendo una ola de delincuencia, en una disputa entre el crimen organizado que busca tener la plaza. Las familias salen de sus domicilios para protegerse de las balas y de esos enfrentamientos, para refugiarse con familiares”, señala angustiada.
