Oaxaca.— Desde hace 12 años, Soraida se dedica a la partería y a la medicina tradicional; su abuela le enseñó sobre las plantas y cómo atender un parto, desde las hierbas hasta el acompañamiento. Ella pertenece a la comunidad de San Mateo el Mar, ubicada en la región del Istmo de Tehuantepec, donde la violencia ha aumentado en los últimos cinco años y ahora —reclaman— el Estado a través de la Norma Oficial Mexicana (NOM) NOM-020-SSA-2025 quiere despojarlas de sus conocimientos e invisibilizar su trabajo.
Debido a la violencia registrada en los últimos años, Soraida dice que una partera dejó el grupo porque fue agredida y recibió amenazas: “Mi compañera iba [a] atender un parto y fue agredida con piedras, la lastimaron muy feo; entonces, por miedo se retiró del grupo. Sigue atendiendo desde su casa y ya no se arriesga para salir a otros lugares o de noche, [pero les dice] ‘pues sí lo atiendo, tráiganlo acá a mi casa’”.
“Atender un parto es algo inexplicable, porque es traer una vida al mundo. Para mí es importante ver sana a la mamá y al bebé”, explica Soraida a EL UNIVERSAL.
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En 2020 no sólo llegó la pandemia a México, sino que la cotidianidad de las familias ikoots cambió, y con ello las vidas se volvieron más vulnerables en San Mateo del Mar. La violencia en la región se agudizó y el estado comenzó a “regular” la labor de las parteras.
“Recuerdo que a partir de ese año todo cambió. Entonces, los hospitales se saturaron y las mujeres embarazadas nos buscaban más, decían que tenían miedo de ir al hospital, que nosotras atendiéramos su parto. En ese entonces nos organizamos para darnos abasto, pero luego las cosas empeoraron porque ya no podíamos salir por las noches o a otros lugares por la pandemia y luego la violencia. Y también, poco a poco, los gobiernos comenzaron a imponer la normativa para regular nuestra labor de parteras, ahora no aparecemos en los registros de los nacimientos, es como si quisieran borrar nuestro trabajo”, lamenta.
A unos meses de la llegada de la pandemia, en junio de 2020, las autoridades reportaron al menos 15 personas asesinadas y más de 30 lesionados en esta región.
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Pero antes de ello, la violencia ya iba en incremento. A la fecha es una zona “roja”, de acuerdo con las autoridades de justicia.
“En mi labor de partera no hay horario, no sabe uno a qué hora le dará el dolor a esa mujer para tener a su bebé. Entonces, ese es el miedo cuando una sale de casa, si es de noche o de madrugada para atender a una embarazada; en cualquier momento te pueden agredir, lastimar o levantar, estamos con ese miedo constantemente”, externa.
El aumento de la inseguridad también ha afectado a la economía local. Por miedo, muchas familias han reducido sus horas de trabajo o han tenido que cerrar sus negocios y migran a otros lugares.
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Los que se quedan no tienen suficiente dinero para el pago de los partos, pero aun así les asisten las parteras, cuenta Soraida.
“Como parteras, respetamos cuando nos dicen que no tienen para pagarnos, las esperamos. Lo que cobramos es más bien para las cosas que usamos, como pomadas, algodones, gasas, alcohol, ligaduras y todo el material que ocupamos, además de los tés para controlar la hemorragia. Lo que se cobra no es por atender un parto, es para que el bebé llegue en condiciones dignas.
“La delincuencia nos afecta a nosotras como parte de la comunidad que presta un servicio”, advierte.
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“Invisibilizan nuestro trabajo”
Como si la falta de condiciones y la violencia no fueran suficientes, el Estado mexicano a través de la Norma Oficial Mexicana (NOM) NOM-020-SSA-2025 quiere despojarlas de sus conocimientos e invisibilizar su trabajo de parteras tradicionales, denuncian. El gobierno terminó de construir una normativa de la partería en México, la cual busca integrar a las parteras al Sistema Nacional de Salud (SNS), pero para estas mujeres significa despojo de sus conocimientos ante la falta del reconocimiento por el trabajo que por siglos las ha llevado a vivir, convivir y construir una forma digna para parir.
En Oaxaca, para inscribir el nacimiento en el Registro Civil se solicita el certificado de alumbramiento expedido por la Secretaría de Salud del estado, y en caso de no contar con éste, presentar constancia de nacimiento expedida por la autoridad municipal o constancia de parto que deberá contener los siguientes datos: día, hora, lugar de nacimiento, nombre de la madre y sexo de la o el nacido. Aunque no se especifica si la constancia de alumbramiento debe contener los datos de la partera.
“Antes, las hojas de alumbramiento contenían los datos completos de las parteras, lugar y hora de nacimiento. Ahora ya no, son los centros de salud que certifican estos documentos, y en todo caso, las autoridades municipales”, exponen las parteras.
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De acuerdo con la NOM-020-SSA-2025, esto es obligatorio en todo el territorio nacional para los establecimientos de salud de los sectores público, social y privado que integran el Sistema Nacional de Salud, y brindan atención integral materna y neonatal.
Con esto, aseguran las parteras, se les obliga a integrarse al Sistema de Salud sin importar sus propias prácticas y formas de acompañar los partos. “Ahorita atendemos a las mujeres en sus casas, y si no hay espacio en temporada de lluvia, ellas mismas buscan otro domicilio para tener a su bebé, donde ellas se sienten más seguras; imagínese que estos centros de salud les queden lejos o no quieran aceptar las condiciones que asisten, con sus hierbas, con sus traductores”, expresa Soraida.
Además, la NOM-020-SSA-2025 divide a la partería como profesional y no profesional autorizada.
En la primera se contemplan técnica profesional, técnica superior universitaria y además se abre camino a una licenciatura en partería; ahí es donde las parteras cuestionan: “primero nos piden que nos capacitemos para despojar nuestros conocimientos y ahora quieren venir a enseñarnos”.
Las parteras como Soraida entrarían en no profesional autorizada, porque no cuenta con alguna carrera; sin embargo, debe capacitarse con 20 horas de práctica y 20 horas teóricas, y deberá contar con una credencial que la acredite como tal, la cual deberá renovarse cada dos años por la Secretaría de Salud estatal. Y sólo podrá atender partos de bajo riesgo en su comunidad, según la misma NOM.
“Yo no estoy de acuerdo porque en mi comunidad yo respeto el derecho de la mujer, respeto su cultura, su tradición, su vestimenta. Yo no puedo obligarla a tener a su bebé acostada en una cama con una bata, cuando ella tiene ese derecho de tener a su bebé como ella quiera, como ella pueda, ir a donde ella quiera y con quien quiera”, enfatiza la partera Soraida.
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Así, entre los mayores desafíos en un contexto de violencia y despojo para el trabajo de partería, Soraida y sus compañeras se han encargado de realizar un archivo propio para cada registro de los nacidos, con el nombre de las mujeres que asistieron el alumbramiento.
Sólo en 2020, el grupo de mujeres parteras ikoots de San Mateo del Mar ayudó a parir a 63 embarazadas. Desde entonces, cada año han sido más mujeres por las condiciones de violencia y marginación que se encuentran en esta zona del pacífico Sureste de México.
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