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El ex alcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, Layín, fue vinculado a proceso por los delitos de peculado, uso indebido de funciones y fraude, además, en este caso la fiscalía de Nayarit indaga el uso de recursos de procedencia ilícita.

Al medio día de ayer, en Tepic, el juez de control Guillermo Romero desestimó los argumentos de la defensa del ex edil y decidió que tanto Layín como la ex síndico municipal, Armida Silvestre Juárez, y el ex secretario general del ayuntamiento, Mario Vázquez Flores, deben ser procesados.

Sin embargo, los tres enfrentarán el juicio en libertad debido a que se les impuso una garantía de un millón 200 mil pesos al primero y de 120 mil pesos a los otros dos ex funcionarios. Durante la audiencia se reveló que los tres son posibles responsables de vender en 12 millones de pesos un predio valuado en más de 32 millones de pesos que ni siquiera era propiedad del municipio; además, nunca dieron cuenta del uso de ese recurso, puesto que no hay registro de su ingreso a las arcas municipales.

Durante la audiencia, los agentes del Ministerio Público explicaron que después de la venta del predio de 45 mil 992 metros cuadrados donde se encontraba la ex aeropista, realizada en octubre de 2016, la dueña de ese inmueble, Concepción Vallín de León viuda de Lanzagorta, denunció el hecho ante la fiscalía del estado, entonces a cargo de Édgar Veytia , hoy preso y acusado por narcotrafico en EU.

Meses después, el 22 de febrero de 2017, una llamada anónima alertó a la fiscalía respecto a que la compra de la ex aeropista se habría realizado con recursos de procedencia ilícita, por lo que el 3 de marzo de ese año el ex fiscal Veytia solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la compradora, Andrea Guadalupe Manzanares Valenzuela, quien pagó 415 pesos en efectivo y 12 millones de pesos con el cheque 003 de una cuenta de City Banamex.

Hasta el momento, la Comisión no ha brindado información a las autoridades estatales sobre los movimientos financieros de la compradora.

El 7 de marzo de 2018, la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia penal contra los ex funcionarios por no solventar las anomalías detectadas en la compra-venta del predio y el destino de los recursos durante la revisión de la cuenta pública 2016 del ayuntamiento.

En la carpeta de investigación del expediente 836/2018 se señala que fue el propio Layín quien pidió ante el cabildo vender el predio que supuestamente era propiedad municipal y que solicitó hacerlo sin subasta pública para adjudicarlo a Manzanares Valenzuela; no obstante, el ex edil negó conocer a la compradora.

Tras la vinculación a proceso de los ex funcionarios, la fiscalía obtuvo un plazo de tres meses para hacer una investigación complementaria, seguir la ruta del dinero y llamar a comparecer a la compradora del predio.

En tanto, Ramírez Villanueva se dijo tranquilo, negó que se vaya a ir del estado, como se ha especulado, y dijo estar preparando su siguiente fiesta de cumpleaños.

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