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La exregidora de Morena en Puerto Vallarta, Carla Verenice Estrada, fue vinculada a proceso por permitir que su yerno y su sobrino, que formaban parte de su equipo de asesores, cobraran sin trabajar.
La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco informó que la tarde de este lunes el Juez de Control y Oralidad, Miguel García Hernández, resolvió vincular a proceso a la exregidora pues hay indicios que durante su paso por el ayuntamiento (2021-2024) pudo incurrir en los delitos de ejercicio indebido y abandono del servicio público al no denunciar lo que ocurría con sus parientes.
El juzgador recordó que el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco establece que comete esos delitos el servidor público que “teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia de los tres órdenes de Gobierno, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades”.
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Como medidas cautelares impuestas por el Juez, la exregidora deberá presentarse a firmar cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares y tiene prohibido salir del país, así como acercarse a las víctimas, ofendidos o testigos durante los próximos seis meses.
La Fiscalía Anticorrupción señaló que el caso en contra de la exregidora deriva de la denuncia presentada a inicios de 2023 por un ciudadano de Puerto Vallarta que acudió a la Agencia Regional de la dependencia para acusarla de haber contratado como asesor al novio de su hija, quién además cobraba sin trabajar.
“Por lo anterior, se abrió una carpeta de investigación y tras las indagatorias realizadas se observó que también contrató a su sobrino, por lo cual se judicializó la carpeta de investigación”, indicó la Fiscalía en un comunicado.
Carla Verenice Esparza fue entonces requerida para presentarse ante la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción y posteriormente ante el Juez, pero no acudió y se dictó una orden de presentación en su contra.
El pasado martes 8 de julio las autoridades la localizaron cuando circulaba por el Boulevard Francisco Medina Ascencio y le pidieron hacer alto para informarle de la situación; el miércoles 9 comenzó la audiencia inicial en la que la representación social la imputó por los delitos señalados y por presunto peculado, por lo que su defensa se acogió al plazo constitucional de 144 horas para recabar más elementos en favor de la exfuncionaria municipal.
Tras reanudarse la audiencia el lunes 14 de julio, el juez determinó vincular a proceso a la exregidora sólo por los delitos de ejercicio indebido y abandono del servicio público, pero no por el de peculado.
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