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El ex secretario de Educación y Cultura (SEC), Ernesto de Lucas Hopkins fue vinculado a proceso por el delito de peculado.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que el pasado 12 de diciembre se realizó la audiencia de continuación de vinculación donde se resolvió la situación jurídica de Ernesto de Lucas, debido a su probable responsabilidad por los cargos que se le imputan.
Esta acusación penal contra varios ex funcionarios del sexenio de la ex gobernadora Claudia Pavlovich deriva del desvío de recursos por casi 290 millones de pesos de esa dependencia según denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS).
Están vinculados a proceso Víctor Guerrero, también ex titular de la SEC; Raúl Navarro Gallegos, ex secretario de Hacienda y Francisco Alberto Curiel Montiel, Subsecretario de Planeación y Administración.
Este lunes se informó que durante la audiencia, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), presentó datos de prueba suficientes, pertinentes y oportunos para acreditar la probable participación del imputado en la distracción de recursos públicos pertenecientes a la administración estatal para usos ajenos a su objeto, logrando así que el Juez de Control dictara auto de vinculación a proceso en su contra.
En este sentido se le acusa de suscribir contratos, durante su encargo como titular de esa dependencia, para desviar más de 287 millones de pesos destinados al pago de impuestos (ISR).
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Mediante un fideicomiso para un "Plan de Beneficios Múltiples" sin autorización fiscal, distrajo indebidamente recursos de la partida de nómina estatal en complicidad con otros servidores públicos y particulares.
Aunado a lo anterior, la autoridad judicial estableció un plazo de cierre de investigación complementaria de tres meses, el cual vence el próximo 13 de marzo de 2026, tiempo en el que se continuará con la indagatoria correspondiente.
La Fiscalía de Sonora se comprometió a informar de los avances en este caso conforme lo permitan los tiempos procesales.
Mauricio Ibarra Romo, titular de la FAS Sonora detalló que la denuncia se interpuso en septiembre de 2021 y tras una investigación exhaustiva se ha integrado una carpeta de investigación sólida, misma que ha servido para acreditar ante el Juez la probable responsabilidad de los imputados.
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Detalló también que el hecho que se imputa a los señalados comprende un desvío de recursos del presupuesto de la dependencia hacia una empresa particular, la cual nunca cumplió con lo ofrecido y además se transfirieron fondos sin las autorizaciones debidas, a lo largo de los ejercicios fiscales de 2018, 2019, 2020 y 2021, llegando a un monto total que ronda los ya mencionados 290 millones de pesos.
“Están acusados de peculado y de incumplimiento de un deber legal. El caso de peculado es porque durante los cuatro ejercicios fiscales desviaron recursos que son procedentes de la partida 1000, que es servicios personales, la desviaron para otro propósito, para la contratación de un esquema de beneficios múltiples, así lo llamaron”, explicó.
Estos recursos, agregó, estaban destinados a servicios personales de los trabajadores, tales como nóminas y diversas prestaciones, y fueron depositados en fideicomisos, primero en un banco y después en una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (Sofol).
Por estos hechos, mencionó, se cuenta además con otras órdenes de aprehensión por ejecutarse en contra de ex servidores públicos, así como un particular, quienes también figuran como probables responsables en este esquema de corrupción.
Por último, agregó que se mantendrá informada a la opinión pública una vez que se avance en el caso, acorde a los tiempos procesales.
aov
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