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Cancún.- Al pie de la Fiscalía General de Quintana Roo , el Comité de Víctimas 9N, conformado por manifestantes que fueron heridas de bala, abusadas sexualmente o golpeados el 9 de noviembre de 2020, pidió al gobierno mexicano atraer las investigaciones para castigar a las y los funcionarios responsables de instruir y ejecutar el ataque en su contra, durante la protesta fuera del Palacio Municipal de Cancún .
Si el proceder del gobierno federal no se apega a Derecho, Rosario Sosa, abogada que representa a las víctimas, adelantó que acudirán a instancias internacionales. “No vamos a parar”, advirtió.
Luego de colocar diversas cartulinas con sus demandas, sobre las paredes de la institución, las y los integrantes del Comité 9N reclamaron que no se han hecho las averiguaciones más elementales para esclarecer los hechos, han desaparecido evidencias y varios de los policías que participaron en la disuasión armada, permanecen laborando.
“Denunciamos la falta de seguridad en que vivimos las víctimas del ataque, pues nuestros agresores siguen portando las mismas armas con las que nos dispararon y recorren las calles en sus patrullas, percibiendo los sueldos que se les paga para cuidar a la misma ciudadanía que viciosamente torturó, humilló, violó y sobre la cual abrió fuego sin importar que hubiera niños y ancianos (…)
“A parte de la falta de investigación científica para acceder a la verdad, no hay fotos, no hay videos, no hay ADN, no hay casquillos, no hay declaraciones de los posibles autores materiales… ¡no hay más que impunidad!”, expresaron.
Las y los jóvenes expusieron que en la carpeta que fue judicializada, solo figuran 11 elementos de la policía, de los 75 que estuvieron presentes, en activo, esa noche y coincidieron en que no existe ningún funcionario o funcionaria señalado como responsable de instruir y ejecutar la persecución y el ataque armado.
Al señalar que desconocen quién dio la orden, el Comité 9N afirmó que lo que sí conocen es quiénes son los responsables, por acción u omisión, y citaron, de entrada, a la alcaldesa de Cancún, “Mara” Lezama Espinosa, al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González e incluso a la Guardia Nacional, que se quedó paralizada sin frenar a los policías cuando abrieron fuego en contra de la gente.
“La alcaldesa ‘Mara’ Lezama violentó nuestro derecho de acceso a la justicia por haber permitido la limpieza de la evidencia que había en su propio patio delantero y a parte de la total falta de atención a las víctimas, hubo criminalización de las mismas, en distintos momentos para no atender las recomendaciones de Derechos Humanos que tan obedientemente aceptaron ante la presión internacional y nacional”, manifestaron.
Para las víctimas, el hecho de que la Seguridad Pública esté coordinada por el gobierno estatal “el Mando Único no es excusa”, pues el ayuntamiento era la autoridad inmediata en el momento de la agresión y debía contar con protocolos de actuación ante movimientos sociales, sin el uso de armas de fuego o de la violencia física en contra de la ciudadanía.
“Culpamos al gobernador Carlos Joaquín González por su falta de voluntad para esclarecer los hechos, pues nunca se encuarteló a los elementos policiacos para que declararan, sujetos al debido proceso; no se les aplicaron pruebas de detonación de pólvora a tiempo; no se les levantaron las armas al momento de los hechos; no se les separó del cargo, ni se les fincó ninguna falta administrativa por abuso de autoridad”, señalaron.
En cambio -enfatizaron- “se mandó a limpiar la escena del crimen”, los casquillos fueron recogidos y los peritos de la Fiscalía “sólo se tomaron 15 minutos para analizar la explanada municipal”.
El gobierno estatal, mediante el convenio de Mando Único, es responsable de la Seguridad Pública en el estado y del entrenamiento que reciben los elementos de las corporaciones municipales.
Entre las irregularidades de las indagatorias, relataron que en la Fiscalía General se han negado a recibirles -como evidencia- la ropa y una motocicleta que indican la trayectoria de las balas que recibieron tres de las víctimas: Dos periodistas y una manifestante.
Víctimas y abogados que llevan el caso, desconocen a los encargados de la investigación y no existe ni reparación del daño, ni apoyo para las terapias físicas y psicológicas de las personas afectadas, sin contar con las intervenciones quirúrgicas que algunos han tenido.
Una de las jóvenes heridas de bala, camina ya con un bastón y las secuelas de los disparos serán permanentes.
“No es que no puedan darnos justicia. Es que no quieren hacer justicia por elpacto de impunidad que impera en el estado, mismo que provoca la muerte de tantas mujeres en el año en Quintana Roo”, dijeron, al recordar que aquel nueve de noviembre de 2020 se manifestaban para exigir justicia por el feminicidio de Bianca Alejandrina, “Alexis”, que sigue sin resolverse.
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