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Laguna.— Miriam Ramírez Rosales pidió a las autoridades de Coahuila que den seguimiento a su caso por presunta tortura sexual cometida por elementos de la fiscalía estatal, ya que, a cinco años del hecho, acusó que no hay seguimiento a las denuncias que interpuso ni justicia ni reparación del daño.
En 2020, Miriam fue víctima de detención arbitraria y a partir de allí inició su calvario.
A las afueras de la delegación Laguna I de la fiscalía del estado, y junto a decenas de documentos, este jueves recordó que en aquel año fue acusada de fraude por cuantía media y absuelta.
Durante ese proceso legal la tras-ladaron al penal de Piedras Negras donde, según contó, los elementos se desviaron por una brecha en el municipio de Nadadores y cuatro de ellos abusaron sexualmente de ella.
“Uno de mis agresores, agente de la Policía de Investigación Criminal que está preso por el delito de tentativa de feminicidio, me metió una botella en la boca, me quebró los dientes. Perdí la audición del oído derecho, me quebraron la clavícula, tuve laceraciones”, relató.
Además, aseveró que en la fiscalía fue golpeada y hay testigos que ya rindieron su declaración. Dijo que por los daños que le causaron ha interpuesto denuncias; sin embargo, a la fecha no ha recibido justicia.
“Ya no quiero más ‘mejoralitos’. Quiero que me judicialicen alguna de mis carpetas. No puede ser tanta aberración y no se haga nada”, dijo.
“Son presunciones”, dice fiscal
Sin embargo, el fiscal de Coahuila, Federico Fernández, aseguró que se trata de un caso que se ha atendido plenamente y afirmó que las acusaciones de Miriam Ramírez “son presunciones”, puesto que se realizaron dos protocolos de Estambul para determinar si sufrió tortura y refirió que ambos resultaron negativos.
“No podría dar una opinión de fondo porque hay diligencias de fondo. Todo es de acuerdo con los datos que existen en una carpeta, no en presunciones. Tienen los conductos abiertos y yo daré seguimiento, pero sí es una persona que está haciendo atendida”, comentó.
No obstante, Miriam señaló que los documentos fueron alterados, además, denunció que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) le ha quitado todos los apoyos.
