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Guadalajara, Jalisco
Las irregularidades y malos manejos son la constante en la historia del basurero Los Laureles, que diariamente recibe entre 3 mil y 3 mil 500 toneladas de basura generada en los municipios de Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco y El Salto, y que durante cinco días de la semana pasada ardió generando una densa capa de humo tóxico que provocó una emergencia atmosférica en el Área Metropolitana de Guadalajara.
Construido en 1999 en los límites entre Tonalá y El Salto, su vida útil tendría que haber llegado a su fin en 2008, pero la empresa Caabsa-Eagle, con la venia de administraciones municipales y estatales, ha logrado ampliar ese periodo a pesar de que en diversas ocasiones se ha demostrado que los residuos que ahí se depositan no tienen un tratamiento adecuado.
Los Laureles es una de las paradas obligatorias en el llamado “Tour del horror”, un recorrido que desde hace más de una década realiza la agrupación Un Salto de Vida, integrada por vecinos de El Salto y Juanacatlán para mostrar cómo se ensucia en esta zona de la ciudad el río Santiago, uno de los más contaminados del país.
En julio de 2008, tras hacer varias denuncias sobre la forma en que los lixiviados (residuos líquidos) del basurero llegaban sin tratamiento alguno a las aguas del río, pobladores de los municipios aledaños decidieron bloquear el acceso al basurero para presionar a las autoridades y obligarlos a cerrar. Entre otras irregularidades demostraron la falta de recubrimiento con geomembrana en todas la celdas del basurero, lo que permitía el escurrimiento de lixiviados.
En esa ocasión la empresa envió un grupo de 300 pepenadores a confrontar a los vecinos de la zona apostando al conflicto; el gobierno estatal, encabezado entonces por el panista Emilio González, envió un grupo antimotines para evitar el cierre del basurero.
Tras lo ocurrido en esa ocasión, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinó que, en efecto, había irregularidades en el manejo de los jugos de la basura, pero nada que ameritara la clausura.
Diversas organizaciones civiles de la ciudad —algunas de ellas encabezadas por activistas que hoy son funcionarios estatales, como Mario Silva, actual director del Instituto Metropolitano de Planeación, y Margarita Sierra, actual secretaria de Participación Ciudadana— también se pronunciaron por el cierre del basurero.
Martha Ruth del Toro, secretaria de Medio Ambiente en esa administración estatal, se pronunciaba también por el cierre del vertedero, pero explicaba que éste dependería de un estudio sobre la capacidad del basurero y su vida útil; meses después se concluyó que Los Laureles podrían seguir operando hasta 2011.
La empresa adquirió terrenos aledaños para ampliar su capacidad de operación y aumentar así su vida útil al menos una década más; para 2013, una resolución del Tribunal Administrativo del Estado impidió la clausura total del basurero.
En 2015, la empresa solicitó permiso para ampliar en 23 hectáreas su zona de disposición de residuos, pero la entonces Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial negó el permiso por estar a menos de 500 metros de viviendas, por exceso de contaminación del suelo con metales pesados y por no entregar información técnica para conocer la vida útil del vertedero.
Pese a lo anterior, en 2016 la empresa comenzó a construir sin permiso dos nuevas celdas, por lo que en dos ocasiones el basurero fue parcialmente clausurado y se impuso una multa de un millón 400 mil pesos.
Ese mismo año, el entonces presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, renovó el convenio con Caabsa-Eagle por otros 15 años más.
La mañana del pasado jueves 18 de abril, cuando aún no se extinguía el fuego en el basurero, el gobernador Enrique Alfaro anunció en redes sociales que acababa de tener una reunión con el director de Caabsa para “entrar a lo que los gobiernos anteriores nunca hicieron para minimizar riesgos en incidentes en el relleno sanitario de Los Laureles”.
Ante esto, los integrantes de Un Salto de Vida criticaron al mandatario por permitir que el vertedero siga operando en contraposición a lo establecido por la Ley de Gestión Integral de Residuos del Estado de Jalisco, que prevé clausuras temporales, parciales o totales ante hechos como el incendio ocurrido.
