El Congreso del Estado de Veracruz aprobó diversas reformas legales para establecer que los deudores alimentarios no podrán acceder a cargos en el servicio público.
Por unanimidad, los diputados reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, mediante las cuales establecieron candados para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
De tal forma que no podrán acceder al servicio público aquellos que estén inscritos o inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias o en el Registro Nacional o Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género o contar con sentencia condenatoria firme por delitos de violencia de género.
Con ello, dieron cumplimiento a la armonización legislativa derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la denominada "3 de 3 contra la Violencia”.
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Las y los legisladores consideraron necesario avalar dichas reformas debido al alarmante contexto de violencia de género que prevalece en la entidad, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, vulnerando el interés superior de la niñez y constituyendo una forma de violencia económica que afecta desproporcionadamente a las mujeres.
La diputada del PVEM, Tania María Cruz Mejía, expresó que esta modificación es un mensaje poderoso para las niñas, niños y mujeres pues las respalda, protege y pone límites, desde la Constitución Política de Veracruz, “para que los agresores no puedan llegar al Poder”.
La diputada petista, Elizabeth Morales García, dijo que con la aprobación de esta reforma se da un paso firme, justo y necesario hacia la construcción de un servicio público digno, ético y comprometido con los derechos humanos.
“En Veracruz no hay lugar en el Poder para quienes violentan, abandonen o niegan justicia a sus propias familias o las mujeres, no puede representar al pueblo quien ha fallado en lo más elemental”.
afcl