Chilpancingo.— En 2024, poblaciones enteras de Guerrero vivieron la brutalidad. Este año se desplegó por completo el catálogo de violencia: hubo días en que ciudades amanecieron tomadas por grupos armados; tardes en que la decapitación de un alcalde horrorizó a todos y noches en que se encontraron 11 cadáveres desmembrados en una camioneta.
Las principales ciudades, como Acapulco, Taxco, Chilpancingo y Zihuatanejo, pero también otras como Tecpan, Atoyac, San Jerónimo y Teloloapan, se paralizaron por la violencia: se suspendieron las clases, el transporte público y el comercio.
Grupos armados masacraron a familias completas. Alcaldes salieron huyendo por amenazas y otros ni siquiera pudieron asumir el cargo. La reacción de las autoridades fue casi nula. Hubo municipios donde esas mismas autoridades en lugar de proteger a los ciudadanos, se convirtieron en los verdugos.
Taxco es el ejemplo más claro de eso: los policías municipales asesinaron, desaparecieron y extorsionaron a la población. Al mando, según una investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), estuvo el ahora exalcalde Mario Figueroa Mundo.
Como Taxco hay muchos otros en Guerrero.
Lo que se necesita
David Saucedo, consultor en políticas públicas y seguridad, lo dice sin atajos: en Guerrero urge una operación federal Enjambre, como la que se implementó en el Estado de México, donde fueron detenidos una alcaldesa y mandos policiacos.
Saucedo explica que las autoridades pactaron con las organizaciones criminales en los procesos electorales para llegar a sus cargos.
“La anterior alcaldesa de Chilpancingo [la morenista Norma Otilia Hernández Martínez] y el alcalde [el perredista Alejandro Arcos Catalán] lamentablemente asesinado, decapitado, en algún momento tuvieron algún tipo de contacto con las mafias criminales, esto en función de que éstas tienen una base social de apoyo y pueden movilizarse para actividades electorales o de tipo político”, dice el especialista.
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Estos acuerdos, explica, impiden que las autoridades combatan a las organizaciones criminales.
“Tenemos gobiernos locales que no pueden combatirse a sí mismos porque ellos también forman parte de esta red político-criminal, entonces esto dificulta mucho el panorama en Guerrero”, asegura.
El especialista considera improbable que, por el momento, el gobierno federal implemente una operación Enjambre en Guerrero porque estaría “erosionando sus bases”.
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Lo que dice Saucedo se puede materializar con varios ejemplos.
Volvamos a Taxco. A casi un mes de que Figueroa Mundo dejara la alcaldía, la FGE —junto con el Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal— implementó una operación en la comandancia de la policía de Taxco, detuvo a 10 agentes, todos acusados de desaparición forzada y homicidio, entre ellos el subdirector de la corporación, Cristofer Guillermo Rodríguez. El secretario de Seguridad Pública de Taxco, Cristopher Hernández Cuevas, La Sombra, está prófugo.
Durante el gobierno de Figueroa Mundo, esa ciudad se convirtió en un lugar imposible, de terror.
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Era un secreto a voces la forma en que Figueroa Mundo llegó al poder. Se documentó cómo La Familia Michoacana presionó a decenas de comisarios y pueblos enteros para que votaran por el ahora exalcalde.
Eso tuvo un precio: durante la administración de Figueroa Mundo la organización criminal tomó el control de los productos de la canasta básica, impuso los precios y su distribución. Toda la población sufrió la extorsión. Asesinatos y las desapariciones aumentaron como nunca. Desaparecieron policías, trabajadores del ayuntamiento e incluso reporteros. Figueroa Mundo es buscado por la fiscalía, hay una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada.
En Guerrero, ¿qué se debe combatir primero? ¿A las organizaciones criminales o a las autoridades?
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Acapulco violento
Guerrero es un polvorín: operan, según un mapa elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública, 16 organizaciones criminales, además de otros 12 grupos de autodefensas, más los policías, soldados y marinos desplegados por toda la geografía. Toda esta pólvora es acechada por la chispa de la complicidad, cada vez más visible, entre las autoridades con el crimen.
Este año, el estado volvió a los primeros lugares en homicidios dolosos. Hace tres años estaba en décimo, ahora, en quinto. La tendencia de este delito en Acapulco va al alza. El primer semestre fue el más violento en los últimos seis años.
En julio, las organizaciones criminales hicieron una carnicería: tiraron por lo menos 17 cadáveres desmembrados en las calles.
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Desde hace un año, en este puerto están desplegados 10 mil soldados de la Guardia Nacional y se construyen 20 cuarteles, pero la violencia no cesa.
El académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) Gabino Solano considera que la Guardia Nacional tendrá éxito hasta que se integre una estrategia local.
Emma Mora Liberato, integrante del colectivo Familiares en Búsqueda de sus Desaparecidos de Acapulco, busca a su hijo Alberto José Tellez Mora; tenía 14 años cuando fue secuestrado, el 20 septiembre del 2011. Hasta ahora no tiene ningún indicio de dónde podría estar.
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¿Por qué no se detiene la violencia en Acapulco? “Porque prevalece la impunidad. La impunidad es el factor número uno, la corrupción es otro factor. La indolencia es otro. Y la negligencia de las autoridades. La impunidad ha fortalecido a esos grupos, se sienten tan poderosos porque saben que no los van a detener. Hacen lo que hacen porque nadie les pone un alto”.
La operación de las organizaciones criminales convirtió a Acapulco en un hoyo negro: hay cientos de desaparecidos, sobre todo jóvenes. Mora Liberato explica que los jóvenes de entre 16 y 24 años son los que más desaparecen. Y algo peor: su colectivo registra que a partir de 2021 se incrementa el número de mujeres que son desaparecidas: niñas y jóvenes entre 12 y 18 años.
El modelo de La Familia Michoacana
En 2024, Chilpancingo, Taxco, Acapulco, Teloloapan, Tecpan, Atoyac y San Jerónimo se paralizaron por la violencia. Por semanas, en estos municipios se suspendieron las clases, el transporte público tuvo afectaciones y el comercio se vio mermado.
La parálisis estuvo relacionada con la extorsión de las organizaciones criminales en los sectores productivos. Luego se dieron ataques y amenazas contra el transporte público. La razón: la exigencia de un pago, pero también para que hicieran funciones de vigilantes. Las tortillerías sufrieron lo mismo.
En muchos municipios, las organizaciones criminales tienen el control de la distribución y precios de los productos de la canasta básica, un modelo que implementó La Familia Michoacana en la región de la Tierra Caliente.
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El director de Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, considera que —al parecer— se busca imponer ese modelo en todo el estado.
La Familia Michoacana es una de las organizaciones criminales que más se ha expandido y disputa las regiones centro, norte, Acapulco, la Costa Grande y la Sierra.
Saucedo explica que las organizaciones criminales han logrado extender su control con el apoyo de las estructuras gubernamentales y policiales. Y, al mismo tiempo, han construido una base social en los territorios que dominan.
Eso se ha convertido en una fórmula ganadora para criminales y políticos: las autoridades ceden los territorios, los criminales los rentabilizan a través de la extorsión y luego viene el pago de esos favores en las elecciones. ¿Cómo es el pago? Con dinero y con la movilización o cooptación, según sea necesario.
La complicidad lo ha enredado todo. Saucedo afirma que las organizaciones criminales han ido sustituyendo las funciones de las autoridades, como la entrega de ayudas, y con eso tienen a grupos de vecinos dispuestos a salir a las calles a defender a los criminales que les resuelven problemas económicos.
¿Hay alguna alternativa para salir de todo esto en Guerrero?
“Tendría que haber la desaparición de poderes. Hay algunos ayuntamientos en los que se sabe que hay una alianza político-criminal. Se necesita un operativo Enjambre donde se capture a jefes policíacos, regidores, alcaldes, síndicos.
“Mientras sigan tratando de detener a las estructuras criminales, sin tocar a las estructuras políticas y policiales que dan respaldo a los grupos criminales, pues sólo se repite el mismo esquema que tenemos hasta hoy”.