Pachuca.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de , Ana Parra Bonilla, dio a conocer que tanto la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, como la alcaldía de Mineral del Monte, no aceptaron la recomendación derivada de quejas por violación a los derechos humanos fundamentales, en contra de estudiantes de la máxima casa de estudios.

La funcionaria señaló que derivado del incidente registrado el 13 de agosto de 2022, en que elementos de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de , realizó la detención de un grupo de estudiantes del Instituto de Artes a quienes se les violentaron sus derechos, emitió la recomendación R-VG-0011-24.

De igual manera, se realizó la recomendación R-VG-0012-24 a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por las agresiones ocurridas el 19 de septiembre de 2023, en el Centro Cultural Universitario, “La Garza“, en la cual funcionarios de esa institución golpearon a los estudiantes.

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Rechaza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Ayuntamiento de Mineral del Monte, recomendación de Derechos Humanos sobre agresión a estudiantes. Foto: Especial
Rechaza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Ayuntamiento de Mineral del Monte, recomendación de Derechos Humanos sobre agresión a estudiantes. Foto: Especial

La Ombudsperson dio a conocer que el Ayuntamiento de Mineral del Monte en la anterior administración, rechazó la recomendación ya que alegó un recurso de impugnación que de acuerdo con el organismo defensor de los derechos humanos, no tiene fundamento legal.

Ante ello se informó que las víctimas, también interpusieron su propio recurso ante la comisión nacional de los derechos humanos, que es la que resolverá el caso.

En lo que corresponde a la máxima casa de estudios, esta solicitó una prórroga para analizar los hechos. Cabe recordar que las autoridades universitarias arremetieron en contra de Ana Parra, a quien incluso amargaron con una denuncia penal.

Se informó que se le otorgaron cinco días más de prórroga a la universidad, sin que esto considerara una tolerancia hacia las “notorias” violaciones a los derechos humanos que se acreditaron en la recomendación.

Al cumplirse el plazo dijo que las autoridades universitarias no se pronunciaron al respecto, por lo que esto es considerado una “No aceptación tácita”.

Subrayó que se informará al Congreso local sobre estos hechos y se pedirá que si las autoridades o personas servidoras públicas sean notificadas para explicar su omisión.


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