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Chilpancingo.— Feministas, defensoras y defensores de los derechos de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual consideraron como un retroceso que el Congreso de Guerrero haya rechazado la despenalización del aborto por violación, así como el matrimonio igualitario.
Ayer, afuera del Congreso local, un grupo de feministas protestó en rechazo al dictamen que aprobó el pasado martes la comisión de Justicia, en el que desechó reformar el artículo 159 del Código Civil para quitar la condicionante que enfrentan las mujeres que son embarazadas por una violación y quieren abortar.
El artículo dice que las mujeres que fueron embarazadas por una violación y quieran acceder a la interrupción del mismo necesitan presentar una denuncia y un Ministerio Público será quien autorice el procedimiento.
Sin embargo, denunció la activista Ema Cerón, la Comisión de Justicia incrementó los obstáculos para que la mujeres accedan al aborto.
Cerón señaló que en Guerrero las mujeres denuncian muy poco a sus violadores, sobre todo en zonas rurales, como la Sierra y la Montaña.
Añadió que la reforma sólo expone a la mujeres y niñas ante su violador, las lleva a la clandestinidad, las revictimiza y les trunca sus proyectos de vida.
Por su parte, la médica Cristina Romero, del Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (Obvio), denunció que esta reforma plantea un retroceso para los derechos de las mujeres y niñas.
“Es regresiva y una aberración que busca poner mayores candados legales que pudieran derivar en embarazos forzados, afectando de manera particular a mujeres, niñas y adolescentes indígenas del estado”, refirió.
En ese sentido, indicó que el dictamen de la comisión de Justicia criminaliza al personal médico que decida realizar la interrupción del embarazo.
Por separado, el colectivo LGBTI+ Orgullo Guerrero afirmó que el rechazo del Congreso local a los matrimonios igualitarios es un atentado contra el Estado laico y los derechos humanos.