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Desde hace más de 20 años, ciudadanos de Cancún y extranjeros residentes decidieron rentar a la empresa First National Security (FNS) cajas de seguridad para resguardar de la delincuencia cualquier objeto de valor material o sentimental: actas de nacimiento, cartas de amor, joyas, escrituras de casas, facturas de autos, fotografías históricas, dinero de nóminas y ahorros de toda la vida forman parte de lo que la gente guardó en las mil 500 cajas.
“Hay historias escalofriantes como la de un ciudadano alemán que tiene un marcapasos en la caja, ¿qué haría en una emergencia? Otros tienen guardados boletos para Disneylandia, la visa o el pasaporte”, manifestó Alfredo Cuéllar, abogado de la empresa de seguridad.
Añadió que el propio dueño de FNS utilizaba una caja que cobraba de 2 mil a 3 mil 500 pesos anuales por rentar el espacio, y que garantizaba protección, seguridad y privacidad. Aunque según el contrato, estaba prohibido que los usuarios depositaran objetos ilegales.
Una de las afectadas, investigadora de la Universidad del Caribe y quien pidió omitir su nombre, narra que dentro de su caja, rentada desde hace 10 años, tiene las joyas que su bisabuela heredó a su abuela y ésta a su vez dejó a su madre.
“¿Qué voy a hacer? ¿Cómo les voy a probar que son parte de una herencia? Obviamente no tengo nada para comprobarlo; no es justo. Más que el valor material, lo que me preocupa es el valor sentimental. Esto es un atropello, un robo, una violación a los derechos, ¿en dónde vivimos?
“Yo contraté el servicio para cuidarme de los ladrones porque en Cancún sabemos que la delincuencia va en avance. No nos sentimos seguros en nuestras casas y ahora es la autoridad la que llega a asaltarnos”, expresó en entrevista.
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La académica agregó que su pareja tiene también dinero y centenarios que sus padres le regalaban en cada cumpleaños, uno cada año. Además de títulos, cédulas profesionales y objetos personales.
Una de las primeras habitantes de Cancún depositó, días después de la muerte de su madre, en 1999, una herencia que le dejó y las joyas que le obsequió, pero tampoco tiene cómo acreditar esos valores.
Los afectados son variados: unamujer jubilada que se dedica al cuidado de la casa, una joyera —que guardaba dijes y collares—, dirigentes de cámaras empresariales y hombres de negocios de Israel; todos pugnan desde el 11 de octubre para recuperar sus objetos de valor.
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El miércoles pasado se amplió la demanda de amparo y la autoridad responsable —PGR y SEIDO— tienen cinco días, a partir de la notificación, para presentar un informe en el que confirmen el aseguramiento y expliquen a los involucrados que esa acción es constitucional.
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