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Cancún .- El Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que juzga la demanda de arbitraje promovida en 2018 por Legacy Vulcan LLC , emitió dos medidas cautelares a favor de la compañía, cuya filial en México es Sac Tun, antes Calica , empresa que extrae piedra caliza y otros materiales pétreos en predios localizados en la Riviera Maya para comercializarlos dentro y fuera del territorio nacional.
Como antesala a su resolución final –probablemente liberada en noviembre de este año– el Tribunal del CIADI recomendó al presidente Andrés Manuel López Obrador cancelar sus ataques públicos a la compañía y le pide “abstenerse” de realizar “cualquier acción adicional que agrave o extienda el diferendo entre las partes”.
Además, se da entrada a un nuevo acto reclamado por Vulcan: La clausura del predio La Rosita, en Riviera Maya, por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) , el pasado seis de mayo, reclamo que se integra al juicio original y que aumentaría a mil 600 millones de dólares el monto de las sanciones económicas para México, de perder el juicio principal.
El Tribunal emitió estas medidas cautelares a través de la Orden Procedimental No. 7, el pasado 11 de julio, como parte del Caso CIADI No. ARB/ 19/ 1, pero notificó a Vulcan el 16 de septiembre y lo hizo público a través de su página, tres días después.
Dichas medidas provisionales emanan de dos solicitudes hechas por Legacy Vulcan LLC, el pasado ocho de mayo, cuando pidió al Tribunal el cese de los ataques diarios de López Obrador, a través de sus conferencias “Mañaneras” y objetó la clausura del predio “La Rosita”, que les impide continuar con la extracción de material pétreo, con graves repercusiones económicas para la compañía y sus clientes, principalmente en Estados Unidos.
El Tribunal internacional, con facultades para emitir medidas cautelares, a fin de preservar los derechos de las partes en conflicto, encontró fundada la doble solicitud de Vulcan, considerando como ataques públicos los señalamientos del gobierno mexicano en conferencias de prensa.
Al respecto, Sac Tun informó que dentro de esos ataques se incluyen afirmaciones específicas sobre el arbitraje mismo, como un mecanismo para presionarles y que claudiquen en su defensa, a fin de ceder a la petición gubernamental de transformarse en un proyecto turístico.
La compañía consideró que si bien esta primer medida cautelar es importante, en torno a la forma, la segunda medida es sobresaliente, porque tiene que ver con el fondo y corresponde al haber dado entrada a un nuevo acto reclamado.
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“La inclusión de estos reclamos en el proceso de arbitraje se suma, por tanto, a los reclamos ya presentados por la empresa desde 2018, en virtud de las acciones tomadas por el gobierno de México en torno a sus otros predios.
“Como parte de sus deliberaciones, el Tribunal determinó que el predio La Rosita forma parte integral de las operaciones y está estrechamente interconectado con los demás predios y, por tanto, que es procedente la solicitud de la empresa para reclamar daños adicionales ante las acciones tomadas por el gobierno de México en este año”, indicó Vulcan.
La compañía subrayó que el Tribunal del CIADI es la instancia facultada para juzgar el diferendo y no la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como el presidente mexicano ha pretendido hacer creer a la opinión pública.
Y resaltó que, de ganarse el juicio, al pago de mil 500 millones de dólares que, inicialmente se demanda a México por concepto de los daños reclamados, se sumarían otros 100 millones, por lo que hace al freno en la operación de “La Rosita” y la pérdida que eso supone para la empresa.
El arbitraje internacional fue promovido por Vulcan en noviembre de 2018 por la revocación de la concesión portuaria de Calica y el cierre forzoso de las operaciones de extracción en los predios “La Adelita” y “El Corchalito”, en Quintana Roo, derivado de modificaciones al uso de suelo en Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) en 2009, que prohibió actividades extractivas en “La Adelita”.
Para noviembre de 2018, Profepa clausuró indefinidamente las operaciones en “El Corchalito”, argumentando que no se habían respetado las áreas de extracción permitidas en la Autorización de Impacto Ambiental (MIA) correspondiente, por lo cual Calica se defendió legalmente.
A partir de promovido el arbitraje, el expediente se ha litigado en tribunales internacionales y se espera una resolución definitiva para noviembre.
Entre las acusaciones que ha lanzado López Obrador contra Calica, está el ubicarles como supuestos financiadores de una “campaña para impedir la construcción del Tren Maya”; que posee permisos “irregulares”, fruto de supuesta “corrupción”, para operar en sus cuatro predios, otorgados por Julia Carabias, cuando era titular de la entonces Semarnap; que todo el material que extrae la empresa de territorio mexicano, es “llevado a Estados Unidos” o que la operación Sac Tun es “una catástrofe ecológica”.
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