Más Información
estados@eluniversal.com.mx
Tuxtla Gutiérrez.— Tzotziles desplazados del Ejido Puebla, ubicado en el municipio de Chenalhó, instalaron un plantón a un costado de la caseta de cobro de la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas para exigir castigo a los responsables de su exilio, desarme de grupos criminales, ayuda humanitaria y retorno seguro.
Informaron que a tres años del destierro, el caso será remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y dijeron que confían en que el organismo “obligue al Estado mexicano a resolver el conflicto”, después de que incumplió recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik, denunció que durante tres años han exigido castigo a los responsables del desplazamiento. Para ello, dijo, se deben ejecutar las órdenes de aprehensión y desarticular a los grupos armados operantes.
Señaló que sólo así las familias podrían tener un retorno seguro. También pidió que se garanticen sus derechos humanos, como ayuda humanitaria, vivienda digna, salud y educación: “No es una dádiva ni un gusto por depender del gobierno, sino una obligación que tiene el Estado de cubrir las necesidades básicas durante el desplazamiento”.
La ayuda humanitaria del gobierno local es insuficiente, sostuvo: “Hay médicos, pero no medicamentos; un maestro atiende a 50 niños de primaria, pero jóvenes de secundaria y bachillerato no tienen clases; el alimento es escaso y el sitio en el que viven en San Cristóbal de las Casas es una instalación para granja”.
Cadenas denunció que continúan las amenazas y que, incluso, “hay precio por la cabeza de los representantes [indígenas] y de los abogados. Estamos amenazados de muerte”.
Los tzotziles que se manifestaron acusaron que las 54 familias desterradas de sus hogares han sufrido constantes padecimientos.
Catalina Etzin López, una de las voceras del grupo, afirmó que el gobierno los ha olvidado: “Por eso estamos aquí, para exigir justicia, hoy [ayer] se cumplen tres años de nuestro desplazamiento forzado y todavía no hay justicia.
“Queremos regresar a nuestra comunidad, queremos trabajar y vivir en paz”, clamó.
La comunidad indígena tzotzil huyó del Ejido Puebla en mayo de 2016, tras la muerte de Guadalupe Cruz Hernández, un lugareño, en medio de la disputa por el poder político en Chenalhó, durante el gobierno de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez (2015-2018), del Partido Verde Ecologista de México.
