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Cancún.- Militarización de la Península de Yucatán ; engaños, despojo y desplazamiento, compra de voluntades en Ejidos, firma de convenios a ciegas, hostigamiento, condicionamiento a programas sociales y destrucción de la selva, son algunas de las violaciones a derechos humanos y situaciones descritas hoy por habitantes de comunidades indígenas respecto a la imposición del Tren Maya , “que no es solo un tren y mucho menos maya”.
El megaproyecto, que además de la construcción de vía férrea para la operación de un tren de pasajeros y de carga, incluye la edificación de estaciones y nuevos centros de población –advirtieron– traerá consigo migración, mayor urbanización, turismo masivo, una fuerte presión sobre los recursos naturales, la necesidad de mayor dotación de servicios y la agudización de la problemática socioambiental que ya padece toda la región.
El panorama fue expuesto hoy durante el conversatorio “Tren Maya: Miradas y aproximaciones desde las comunidades” , organizado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), con la participación de cuatro activistas residentes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Sara López del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) y María Hernández del Ejido Don Samuel en Escárcega, ambas de Campeche; Wilma Esquivel Pat, indígena maya masehual, del Congreso Indígena de Gobierno en la Península de Yucatán y Ángel Sulub, indígena maya del Centro Comunitario U Kúuchil Ch’i’ibalo’on en Quintana Roo, participaron de este ejercicio.
Ahí, advirtieron que “el Tren de muerte” –como lo ubican– será la puerta para el surgimiento de parques industriales, sumados a los parques eólicos y fotovoltaicos; la instalación de termoeléctricas, nuevos aeropuertos, puentes y trenes elevados, lo que transformará los modos de vida de las comunidades indígenas de la región, sin su consentimiento, toda vez que el proceso de la pretendida Consulta Indígena realizada entre noviembre y diciembre de 2019 “fue una simulación”.
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María Hernández, hija de ejidatarios, relató que en esa consulta, el 15 de diciembre de 2019, votó en el Ejido Don Samuel a favor del Tren –como muchos– entre dudas y sujeta a infinidad de promesas.
“Yo en ese momento voté a favor del Tren. Se hablaba del desarrollo de las comunidades, de los empleos; yo acababa de perder mi empleo para enseñar oficios en comunidades de alta marginación. No entendía varias cosas. Voté a favor y solicitamos información sobre qué eran las FIBRAs y como que resonó”, asumió.
La FIBRA –Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (Fibra)– es el mecanismo con el que, hasta ese momento, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pretendía asociar a ejidatarios y propietarios de tierras, para beneficiarse de la operación del Tren, tema que no se tocó en todas las sedes de la consulta.
Entre lo que no quedaba claro era por qué debían vender las tierras a empresas extranjeras, en lugar de crear empresas sociales, por ejemplo. Se les aseguró que el Tren traería más escuelas y un mejor sistema de salud, porque en la comunidad solo hay una clínica pequeña, con una sola doctora, sin médicos los fines de semana ni medicamentos.
Se formó un comité de seguimiento que, a la fecha, no tiene información y se firmó un convenio “sin saber qué se estaba firmando”.
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Previo a todo ese proceso el Fonatur llegó al ejido para elaborar un “diagnóstico político”, extrayendo información de la comunidad: Nombres de directores de escuelas, de los comisarios ejidales tres años antes; de los presidentes de comités de agua potable, salud, deporte, y de líderes naturales, incluidos sus hijos.
En 2020 –prosiguió– se cerraron tratos con 45 de 210 ejidatarios para el tema de las tierras y el Derecho de Vía, y se entregaron recursos. A escena entró la empresa Barrientos y Asociados que, posteriormente, fue demandada por la Unión de Ejidos en la Defensa del Territorio Maya conformada para defenderse del engaño.
“Los comisarios fueron llevados a palacio de gobierno de Campeche para recibir dinero” –manifestó– sin comer, parados, en fila, entraban al palacio en donde estaba una notaria.
Ahí –detalló– “les metían el cheque en las bolsas, sin dar montos (…) Algunos comisarios vieron armas y cosas muy delicadas”
“Ellos no supieron que firmaron convenios de ocupación previa a titulo gratuito, no les dejaron leerlo”, añadió, al señalar que los comisarios no quieren hablar por temor, pues son intimidados, igual que la población que se ha pronunciado en contra del Tren.
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El gobierno federal también se ha afanado en enfrentarlos mediante la premisa de “divide y vencerás” –evidenció– aprovechándose de las diferencias entre ejidos y ha echado mano de programas sociales como Sembrando Vida, para comprar voluntades.
Las familias de quienes critican el Tren son criminalizadas; en las comunidades han llevado grupos de choque.
El gobierno determinó que quienes residen a los lados del trazo o sobre el mismo, son “invasores”, “aunque tengan más de 30 años viviendo ahí”, así que los desplazan y despojan sin indemnización alguna.
Las obras que ya se realizan están provocando agrietamiento en casas que se encuentran a 30 metros de distancia, debido a la vibración. La contaminación por ruido es algo que nadie contempló, pero que afecta a las y los pobladores.
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En medio del descontrol, empresas de Canadá han llegado a comprar reservas forestales, agregó.
Sara López, del Cripx, indicó que mucha gente ha sido desalojada de sus viviendas bajo promesa de que el gobierno les pagará la renta en otras casas, sin que ello suceda.
Habló de “la impotencia” de esas personas, quienes ven destruido el patrimonio que les llevó años fincar y del “impacto social” que ello representa, al que se suman la amenaza, el señalamiento y la persecución en contra de quienes están defendiendo el territorio.
“El gobierno, muy listo, nos manda al Ejército”, manifestó, al describir que en la actualidad, “vayas a donde vayas” se encuentran efectivos militares, la Marina y la Guardia Nacional, lo que interpretó como una forma de “control”, para “meter miedo y terror a los pueblos”, dijo, al subrayar que militares armados y con prepotencia “infunden miedo en las comunidades”, no acostumbradas a su presencia.
Ella y Ángel Sulub hablaron de que la Península de Yucatán se ha “militarizado”, con el pretexto de la seguridad, pero principalmente para disuadir la resistencia de las comunidades indígenas ante el megaproyecto.
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Sulub comentó que el Ejército tiene a su cargo parte del Tramo 5 –de Cancún a Tulum – y los tramos 6 y 7, de Tulum a Chetumal y de Chetumal a Escárcega y cómo los militares tienen la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador , de cuidar las obras del Tren.
“Su presencia no obedece a la paz o a la seguridad, sino de cuidar y proteger los intereses de los inversionistas y de los gobiernos detrás del tren”, sostuvo.
En ese contexto, recordó cómo el dictador Porfirio Díaz también militarizó Quintana Roo, estableciendo colonias habitadas por el Ejército para la extracción del chicle.
Wilma Esquivel resaltó cómo se ha documentado lo que ocurre con las mujeres en zonas militarizadas.
“Hay una idea errónea de que nos va a traer seguridad, pero en la experiencia de muchos pueblos, los cuerpos de las mujeres terminan como carne de cañón”, dijo, al cuestionar cuál será el futuro de las juventudes y cómo se garantizará el acceso al agua, ante la explosión migratoria, turística y urbana que traerá el Tren.
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