Tras reforma al Código Penal, se incrementan en 2023 denuncias contra extorsión en Michoacán

Morelia.- Tras la reforma al Código Penal del Estado se combate con mayor energía a la extorsión en Michoacan. Prueba de ello, según la entidad, es el incremento en las denuncias que en el primer semestre del 2023 se elevaron en un 222%, con relación al año 2022.

A principio de este año, se habían presentado 32 denuncias, pero durante el desarrollo de los primeros seis meses, pasaron a 103, lo cual se traduce en 71 denuncias más, presentadas también en los casos de los productores de limón.

Ahora con las reformas, en Michoacán, la extorsión se equiparara al delito de secuestro y se eleva la pena de 15 a 25 años de prisión, incluyendo extorsiones cometidas a través de medios electrónicos o nuevas tecnologías, lo que a su vez obliga a los servidores públicos a denunciar de forma inmediata.

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También las carpetas de investigación crecieron 328%, ya que en este mismo periodo de medición se registran 30 carpetas de investigación, mientras que en 2022 apenas se contabilizaron siete.

Las carpetas judicializadas de marzo a la fecha son 10 y las personas vinculadas a proceso 19, a quienes se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Por ello, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que las reformas permitieron frenar en el municipio de Uruapan el intento de extorsión en el comercio de la tortilla y el transporte público.

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Ramírez Bedolla dijo que el Gobierno del Estado interpuso las denuncias, se realizaron las investigaciones y “resulta que las extorsiones venían de otros estados, porque este tema no tiene fronteras”.

"Estamos combatiendo la impunidad que por años existió. Lo que buscan los delincuentes es que no se denuncie, por eso modificamos el Código Penal, así que si no denuncian los afectados lo haremos nosotros para tener resultados”, afirmó el mandatario.

Además especificó que el nuevo tipo penal establece la llamada “acción pública”, en donde basta que la autoridad se entere de la posible comisión del delito para que se inicie de oficio la investigación cuando se detecte afectación a las actividades económicas o productivas.

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