Cuernavaca.— En 2018, Victoria ganó un juicio penal por abuso sexual contra el padre de sus hijos y un juicio familiar por la patria potestad, y cuando pensaba que todo había concluido, comenzó a sufrir una persecución en redes sociales por parte de personas relacionadas con el agresor, además del asalto a su casa por sujetos desconocidos que intentaron ahorcar a la trabajadora doméstica y robaron el expediente del caso.
Su temor de sufrir un atentado mayor la obligó a cambiar de residencia en varias ocasiones, y ahora su miedo creció porque el agresor de sus hijos busca el amparo de la justicia, bajo el argumento de situarse como preso político y de exigir una revisión de su caso.
El de Victoria es uno de seis asuntos de abuso contra mujeres y en algunas ocasiones contra sus hijos que ilustran una realidad en México: aquellas que se atreven a denunciar a sus agresores son revictimizadas, orilladas a tomar decisiones fatales y, en la mayoría de los casos, objeto de persecución por sus atacantes, así como familiares y amigos de estos.
Lee también: De suicidio a feminicidio: Fiscalía de Quintana Roo acepta reclasificar caso de la modelo Agostina Jalabert
Por su cercanía con los casos y el tratamiento de los menores de edad, Laura Martínez Rodríguez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C. (Adivac), afirma que hay datos visibles de una manipulación patriarcal en el manejo de la justicia.
No se entiende, lamenta, cómo en algunos casos caminan más rápido las carpetas de investigación contra las víctimas que contra los agresores.
Entre los casos que refiere Laura Martínez se encuentra el de la actriz y cantante Sasha, donde varios testimonios surgidos en el gremio artístico apoyan al agresor en lugar de respaldar a la víctima y avivar su denuncia.
Lee también: Ven baja en cifra de homicidios en febrero de 2023
Victoria, hostigamiento constante
Tras la sentencia de 42 años de prisión contra su expareja por abuso sexual de sus dos hijos, Victoria dice ser objeto de hostigamiento mediante el envío de cartas a sus domicilios en turno, correos electrónicos y mensajes que la acusan de inventar el abuso de los niños para disolver su matrimonio y quedarse con la patria potestad de los menores.
“Al agresor le queda la última instancia que es el amparo, pero seguiremos diciendo siempre la verdad y lo que vivieron mis hijos. También como madre que los ha protegido he sufrido agresiones de violencia de género no sólo en los medios de comunicación, sino también por parte de personas que lo apoyan. Es cuando una mamá, una mujer, también se expone en varias ocasiones a un feminicidio por defender estos casos”, manifiesta.
Sus hijos recibieron terapia más de tres años en Adivac, una asociación civil con especialistas en casos de violencia sexual.
Después del asalto a su casa en Cuernavaca, Morelos, los niños retomaron la terapia y hablaron sobre más situaciones que habían pasado durante el abuso sexual, incluso mencionaron casos de pornografía infantil.
En este proceso hay ejemplos claros de que la justicia para las víctimas es lenta, mientras que para los agresores es de oportunidades, acusa Victoria, de oficio abogada, quien confía en que la justicia se mantenga del lado de la verdad.
Caras del abuso patriarcal
La directora de Adivac afirma que el caso de Victoria tiene los elementos suficientes para suponer que corre peligro su vida y, sobre todo la del niño más grande, porque su testimonio fue contundente para definir la sentencia contra el agresor.
“Los niños están revelando violencia sexual, es sabido por todos lados, por diversos teóricos y por la experiencia que tenemos de 32 años, que un niño y una niña no mienten en relación con una violencia sexual, afortunadamente en este caso sí fueron escuchados los niños. Ahorita hay mayor preocupación porque todo puede terminar en un feminicidio, de matar a la señora y quitarle la vida el niño”, dice.
Esa posibilidad, subraya, está vigente porque desafortunadamente registran que las denuncias que hacen las mujeres no proceden adecuadamente en las instituciones.
“La situación está difícil para las mujeres que hablan y para quienes buscan justicia. Otro ejemplo fuerte es el de Sasha, la actriz y cantante que vivió violencia en su infancia y todo ese gremio y espacio se burlan de ella. Eso es revictimizar a las víctimas en su momento y hacerlas sentir que lo que hacen no está bien, que no lo deben de hacer, cuando está corriendo peligro su vida, en todos los aspectos”, dijo.
Mireya, corrupción e impunidad
En junio de 2017, la sociedad se sacudió con la noticia del suicidio de una madre de 38 años, quien envenenó a sus hijos de 10, ocho, y seis años, y al abuelo en la Ciudad de México. También intentó matar a la abuela, de 68, quien sobrevivió.
Es el caso de Mireya quien, por orden de un juez, debía entregar a sus hijos tras seis años de juicio. Por esta resolución decidió quitarse la vida, dar veneno a sus padres y a los niños.
“La abuela de los menores fue la única que quedó con vida y tras su recuperación enfrentó una denuncia por homicidio promovida por el padre de los niños, cuando realmente la que hizo violencia institucional fue la jueza.
“El papá es abogado y sobrino de un magistrado y una de sus tías trabaja también en el TSJ de la CDMX. Ese es un claro ejemplo del patriarcado manipulando el acceso a la justicia para las mujeres, entonces las mujeres no pueden denunciar y buscar justicia porque hay corrupción y una gran impunidad. Para que se escuche la violencia que están viviendo las mujeres, muchas de ellas terminan suicidándose o asesinadas”, refiere Martínez Rodríguez.
Abril, el feminicidio pagado
Abril Pérez Sagaón fue asesinada a balazos en noviembre de 2019 en Coyoacán cuando salía de una audiencia. “Afortunadamente está detenido el exesposo de Abril y ya no puede seguir lastimando a la señora porque está muerta, pero ve en lo que terminan las denuncias de las mujeres”, cuenta Laura Martínez.
Mariel, lucha contra el poder
Dos hijas de Mariel reciben atención en Adivac por presunto abuso sexual por su padre, el exmagistrado del TSJ de la CDMX, Manuel Cavazos.
De primera instancia, la carpeta de investigación no se judicializó contra el exservidor público, pero en cambio a Mariel se le abrieron siete carpetas y una denuncia por violencia de género de parte de una de sus abogadas, a quien despidió por presunta colusión con el agresor de sus hijos; todas las denuncias en contra de Mariel están progresando, refiere la directora de Adivac.
Mireya, un camino con obstáculos
Adivac también lleva el caso de Mireya que acusa a su expareja, un reconocido empresario, de abusar sexualmente de sus dos niñas. Laura Martínez presume que el agresor usó sus influencias para manipular la justicia a su favor, puesto que el juez en turno ordenó a la asociación suspender las sesiones de terapia para las niñas; sin embargo, el organismo se amparó ante un tribunal colegiado y revirtieron el fallo.
Pero nuevamente el padre de las menores logró que el juez de la causa ordenara a la mamá no llevar a las niñas a terapia so pena de fincarle responsabilidades.
“Una de las niñas ya no se tocaba ella misma y ahora lo vuelve hacer y está tocando a otras niñas en la escuela, lo que significa un retroceso.
“La jueza está afectando a las niñas porque está ordenando que no vengan a la terapia cuando ellas iban muy bien en su proceso sicológico, entonces ahí es donde dices ¿qué está pasando con el acceso a la justicia?, ¿por qué no usan los protocolos de actuación que emitió la SCJN?, uno es con perspectiva de género y el otro es para el abordaje de la atención para niñas y niños que tienen algún proceso judicial”, lamenta la directora del organismo civil.
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.