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Mérida,Yucatán.- Grupos defensores de derechos humanos están preocupados por las reformas que aprobó el Cabildo de Mérida al Reglamento de Policía y Buen Gobierno, pues consideran que afectarán las garantías individuales de los sectores más vulnerables.
Representantes de las asociaciones Oasis San Juan de Dios, Indignación, Unasse y Yucatrans señalaron que en el reglamento se establece la prohibición para ejercer la prostitución en la vía pública, lo cual, afirman, representa una “criminalización y estigmatización” a los trabajadores sexuales.
Revelaron que unas 10 trabajadoras sexuales presentaron un juicio de amparo en el Juzgado Segundo de Distrito, en el cual reclaman a la autoridad municipal la publicación y aplicación del citado reglamento “porque atenta contra la dignidad de las personas, resulta inconstitucional y violatorio de los derechos humanos que se dedican a este trabajo”.
Los activistas pidieron al Ayuntamiento de Mérida , establecer las medidas necesarias para proteger y garantizar los derechos de las personas que integran estos grupos, lo cual implica el derecho a una vida libre de violencia o discriminación motivada por su condición.
Sobre el tema, Amelia Ojeda, representante de Unasse, señaló que las personas que ejercen el trabajo sexual sufren violencia institucional, exclusión y marginación, “por ello, nos preocupa la citada normativa, ya que puede llevar al abuso, la falta de oportunidades y el acceso a los derechos humanos”.
Subrayó que si bien esta norma no convierte el trabajo sexual en un delito, “al tipificarla como una falta administrativa intenta normarla desde un contexto de discriminación porque suspende los derechos de los y las trabajadoras sexuales”.
Los activistas aseguran que desde la publicación del reglamento se han registrado redadas para detener a trabajadores sexuales, como la ocurrida en el Periférico de Mérida en la salida a Kanasín.
“Por ello, hemos pedido a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatan que presente una acción de inconstitucionalidad contra esta norma, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta”, sostuvo.
Declaró la entrevistada que incluso varias sexo-servidoras han pedido el apoyo para protegerlas ante lo que ellas y ellos, consideran viola sus garantías individuales y los criminaliza.
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