Más Información
Seguridad federal atiende caso de dos niños asesinados en Sinaloa, tras irrupción en Palacio estatal; acompañan a familia
Canciller De la Fuente dialoga con su homóloga de Canadá, Mélanie Joly; revisan prioridades compartidas del T-MEC 2026
Lo que sabemos del caso de los niños Alexander y Gael en Sinaloa; asesinatos provocaron irrupción en Palacio Estatal
"México aumentaría su PIB en 1.4 puntos si Norteamérica sustituye 10% de importaciones chinas": Ramírez de la O
Fiscales generales se rebelan contra Trump; advierten que gobiernos locales no participarán en su política migratoria
Torreón.— El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, envió una iniciativa al Congreso estatal para reformar el Código Penal e incluir el delito de violencia obstétrica con castigos de hasta seis años de prisión y multa a quienes incurran en dichos actos.
La propuesta se da en atención a la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres del municipio de Torreón, interpuesta el año pasado. También en “promoción y protección del goce y el pleno disfrute de los derechos humanos”, se lee en la iniciativa.
La propuesta pretende incluir el artículo 250 bis (Violencia Obstétrica), donde se impondrá de tres a seis años de prisión y multa a quien incurra en conductas como: no atender o no brindar atención oportunidad y eficaz a las mujeres en emergencias obstétricas del embarazo, parto o puerperio; altere el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.
Asimismo, cuando se practique el parto vía cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer o imponga o niegue, bajo cualquier medio, el uso de métodos anticonceptivos sin que medie el consentimiento voluntario expreso e informado de la mujer. Se impondrá una pena de seis meses a tres años de prisión y multa, a quien trate de forma inhumana, degradante o denigrante a la mujer durante el embarazo, parto o puerperio.
Dichas conductas aplicarán a quien ejerza funciones en instituciones públicas o privadas. Además, se podrá imponer la suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, la inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, así como la destitución.
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, en los últimos cinco años en México, 33.4% de las mujeres entre 15 y 49 años que tuvieron un parto, sufrieron maltrato por parte de quienes las atendieron. Señala también que 3.7 millones de mujeres que tuvieron cesárea, 10.3% no fue informada de la razón y, a 9.7% no le pidieron autorización para realizarla.