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Tijuana.— Esta ciudad, la más violenta del país y con más asesinatos, de acuerdo con cifras del gobierno federal, representa también un enorme riesgo para los migrantes que, ante la imposibilidad de cruzar a Estados Unidos, son obligados a vivir aquí.
Aun si logran escapar de las balas en sus lugares de origen, éstas los persiguen hasta la frontera.
Dentro del albergue no se escuchaba ninguna voz. Sólo un perro que ladraba rompía con el silencio en medio de la oscuridad que cobija a las casi 600 familias que dormían en el albergue para migrantes Agape Misión Mundial, en Tijuana. Era jueves.
Aunque algunos duermen dentro de cuartos con literas compartidas, hay quienes sólo se resguardan bajo una tela delgada que la hace de techo del hogar que han improvisado con pequeñas casas de campaña colocadas sobre tierra o concreto, básicamente en cualquier rincón de ese templo convertido en refugio.
La noche aún no caía cuando se escucharon los primeros balazos, era poco antes de las 20:00 horas. El ruido paró, pero cuando ya se acercaba la medianoche el enfrentamiento se reactivó, primero regresaron los disparos, luego un hombre desconocido azotaba la puerta para entrar, justo donde dormían familias.
“¡Vámonos! ¡Vámonos!”, gritaba Jaime a su cuñada, mientras que niños estallaban en llanto.
“¡No puedo, no puedo! ¡No me puedo mover! ¡Me dieron!”.
Esa noche Ana Laura, una migrante de 25 años que sobrevivió a la violencia en Michoacán y a las amenazas del crimen organizado, sufrió una herida de bala que la tiene en el hospital.
Unos gritaban y otros lloraban, pero también hubo quienes, como Francisca, rompieron en una crisis que los paralizó y —en su caso— la terminó por enviar al hospital.
De ese jueves violento sólo recuerda que al escuchar los disparos abrazó a su esposo y a sus hijos, dormían en el suelo y allí se quedaron hasta que el fuego de la pólvora acabó.
“Uno huye de su país por necesidad… a mí y a mi esposo ya nos quisieron matar nomás porque no dejamos reclutar a mis hijos. Salimos de un país violento y llegamos a otros igual o peor”, lamenta Francisca.
Esa noche ella y otras familias se arrinconaron en los baños y, sin dormir, se quedaron sentados en ese pasillo esperando que terminara la noche, como si la luz del sol los blindara del plomo.
Antes de que ocurriera la balacera, ese mismo día por la mañana, decenas de familias del albergue habían acompañado al pastor y director del lugar, Albert Rivera, a una protesta a las afuera del consulado de Estados Unidos en Tijuana, para exigir la eliminación del Título 42, un programa implementado por el gobierno estadounidense para retornar inmediatamente a territorio mexicano a migrantes que soliciten asilo al cruzar la frontera.
Para Soraya Vázquez, abogada y activista de Al Otro Lado —organización encargada de la defensa legal de migrantes— la aplicación del Título 42 prácticamente ha puesto en mayor riesgo a las familias migrantes, al obligarlas a permanecer en una ciudad violenta y con pocos recursos para garantizar la integridad de las poblaciones de grupos vulnerables.
“Es un derecho el libre tránsito que es violentado, pero además de la posición de vulnerabilidad en la que ponen a estas familias, es alarmante porque nadie está velando por su seguridad ni en su país ni en ningún lado a donde van”, advirtió.
Entre enero y abril de este año, 513 personas fueron asesinadas en Tijuana, la ciudad con más asesinatos de entre las 50 más violentas del país, según información del gobierno federal.
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