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Tras las privaciones ilegales cometidas por policías ministeriales de Jalisco, durante una de las protestas por la muerte de Giovanni López el pasado 5 de junio, la Fiscalía del estado suspendió a 14 elementos, mientras continúan los procesos para deslindar su responsabilidad.
La dependencia estatal informó que desde el día de los hechos, los órganos de control interno iniciaron una investigación con la finalidad de determinar la posible comisión de faltas por parte de los agentes de la Policía de Investigación que participaron en estos hechos.
Este martes, los 14 elementos fueron notificados por parte de la Contraloría Interna de la Fiscalía de la suspensión de sus labores, mientras continúan las investigaciones para determinar cuál fue la participación que tuvieron durante estos eventos y las posibles sanciones a las que se haría acreedores dentro de los procedimientos administrativos.
Sin embargo, hasta ahora sólo hay dos elementos vinculados a proceso por estos hechos que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) ha calificado como desapariciones forzadas, en el informe especial que realizó para documentar lo ocurrido.
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El pasado 5 de junio, mientras un grupo de jóvenes se concentraba a las afueras de la Fiscalía de Jalisco para manifestarse, un grupo de policías ministeriales inició un operativo para disuadir la protesta realizando detenciones ilegales y arbitrarias en los alrededores de la dependencia.
Aunque en un principio circuló una lista de por lo menos 30 nombres de personas que se dirigían a la manifestación y no llegaron debido a la acción de las autoridades , el número de víctimas podría ser mayor, de acuerdo a los testimonios recabados por la CEDHJ.
Tanto el gobernador del estado, Enrique Alfaro, como el fiscal general, Gerardo Octavio Solís, señalaron que los responsables de estas detenciones actuaron por su cuenta y desobedecieron la orden de no detener a nadie y permanecer dentro de las instalaciones de la Fiscalía durante el transcurso de la protesta.
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Incluso, el mandatario estatal afirmó que los policías que desobedecieron podrían estar siguiendo indicaciones de la delincuencia organizada que ha infiltrado a la Fiscalía estatal y busca desestabilizar a su gobierno.
Por su parte, los familiares de los dos policías que están vinculados a proceso penal insisten en que se trata de chivos expiatorios, pues la orden sólo pudo venir del fiscal o del propio gobernador.
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